Con este mecanismo, Ampa total, la federación de asociaciones de padres y madres de alumnos que promueven Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, se evita la exposición pública de las familias en la reclamación de la sentencia del 25%, que es firme tras el aval del Supremo. El colegio Joaquim Abril de Sant Fost de Campsentelles, en la comarca del Vallès Oriental, recibió el pasado 12 de enero un burofax en el que se requería que diera cumplimiento a la resolución y se le concedía un plazo de 5 días para introducir el castellano también como lengua vehicular. Si pasado ese plazo no se hacen los cambios pertinentes, los demandantes apelarán al TSJC. "Estamos analizando todas las triquiñuelas, todos los resquicios, todo lo que nos pueda ofrecer la ley para conseguir esta miseria, porque este 25% es casi pedir limosna pero es algo que podemos reclamar y lo vamos a hacer", ha apuntado en declaraciones a Onda Cero Cataluña la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago.
Un instituto de Manresa rechaza aplicar la sentencia
Un instituto de Manresa, el Lacetània, ha rechazado la petición de un padre que había pedido el 25% de las clases en castellano y ahora, con el apoyo de Hablamos Español, también acudirá al TSJC ara exigir el cumplimiento de la resolución. En el caso de que la justicia le de la razón, se repetirá lo que ha pasado en Canet de Mar donde el alto tribunal catalán, mientras estudia el fondo del caso, ha decretado medidas cautelares para que se imparta un 25% de las clases en castellano en el aula en el que cursa el hijo de la familia demandante. Según Lago, "teniendo en cuenta las declaraciones del presidente de la Generalitat, del consejero de Educación y del acuerdo en el que han llegado para amparar a los docentes en caso de que sean denunciados, entendemos que nadie en un centro de enseñanza actuará por su cuenta".
La Generalitat persiste en la inmersión
Hasta ahora, la Generalitat ha hecho bandera de la inmersión lingüística, ya que no ha tomado ninguna decisión para cumplir la sentencia del 25% en el conjunto de Cataluña. La Generalitat ha sorteado caer en la desobediencia porque tiene 2 meses para ejecutarla. El plazo se acabaría el mes de febrero. Para los casos particulares con una resolución judicial que afecta a un aula, como el de Canet de Mar, el gobierno catalán ha anunciado la incorporación de más docentes para garantizar que se respeta el derecho al alumno a ser atendido en castellano y, al mismo tiempo, se mantiene el actual modelo lingüístico con el catalán como lengua vehicular.
