El decreto de régimen lingüístico, aprobado por el gobierno catalán en funciones dos días después de las elecciones autonómicas, pretendía blindar a los centros para que puedan establecer su proyecto lingüístico con el catalán como lengua vehicular y regular en qué casos se puede utilizar el castellano garantizando el aprendizaje de las dos lenguas.
Los argumentos del TSJC
Sin entrar en el fondo del asunto, el TSJC se basa en la jurisprudencia al respecto para determinar que, sin la suspensión cautelar dictada, se podrían lesionar los derechos individuales de determinados alumnos, ya que se predetermina un proyecto lingüístico sin la presencia adecuada del castellano.
Asimismo, el alto tribunal catalán hace notar que este decreto ahora impugnado es una respuesta reactiva a la sentencia del TSJC sobre el 25%. En cambio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no cree que su decisión pueda suponer ninguna alteración importante en el sistema educativo porque la Ley de educación de Cataluña (LEC) y otras normativas sigan en vigor.
La Generalitat recurrirá la resolución
La consejera de Educación en funciones, Anna Simó, ha anunciado que presentarán un recurso de reposición ante las medidas cautelares del TSJC y ha defendido que el decreto de la Generalitat "es impecable jurídicamente". En este sentido, Simó ha acusado a los jueces de hacer "política" y "extralimitarse" en sus funciones al intentar ordenar cómo debe ser el modelo lingüístico del sistema de educación catalán.
Pese a todo, confía en que el Tribunal Constitucional se acabe pronunciando favorablemente sobre las diferentes leyes que la Generalitat y el Parlamento de Cataluña han aprobado para blindar el sistema de inmersión.
