La Audiencia Nacional ha respondido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y señala que tiene plenas competencias para decidir la suspensión de las devoluciones de menores no acompañados a Marruecos. Sin embargo, considera que no existen violaciones de los derechos de los menores como denunciaban los demandantes.
En su resolución, la Audiencia Nacional no suspende de urgencia las repatriaciones de menores desde Ceuta a Marruecos. El motivo del rechazo de esta paralización se debe porque la solicitud, tal y como explican, tiene que plantearse en los procedimientos previstos y regulados en la legislación española y en ese acuerdo con Marruecos del años 2007 que la Audiencia Nacional lo califica como "válido".
Onda Cero ha hablado con la abogada de la ONG Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández Vicens, sobre este asunto. "Entiende que la urgencia de la devolución de los niños tiene que ser estudiada por los juzgados de Ceuta, ya que la competencia para la devolución es de la Delegación del Gobierno de Ceuta", ha indicado.
Además, en respuesta al ministro Grande-Marlaska, cuyo departamento niega las competencias de la Audiencia Nacional en este asunto, la Sala de lo Contencioso se declara competente para resolver el recurso que ha presentado la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.
Interior niega haber dado ninguna orden sobre el retorno a Marruecos
Onda Cero ha tenido acceso al documento en el que Interior le pide al Gobierno de Ceuta que proceda a efectuar el retorno de menores respetando sus intereses y derechos. Sin embargo, el Ministerio del Interior ha respondido a la Audiencia Nacional negando haber dado ninguna orden sobre el retorno a Marruecos.
"Se limitó a rogar a las autoridades ceutíes que se realizara respetando el interés general de los menores", dice textualmente el escrito enviado a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Por lo que el documento, firmado por la Secretaría de Estado de Seguridad y fechado este martes, señala al Gobierno de Ceuta como único responsable.
Además, alegan desde el ministerio que dirige Marlaska que no existe acto administrativo o que pueda ser recurrido. Algo que rebate la abogada de la ONG Coordinadora de Barrios: "La responsabilidad política y jurídica del ministro está ahí y serán los jueces y tribunales los que tendrán que deslindar qué tipo de responsabilidad jurídica tiene".
Con las devoluciones paralizadas por un juzgado de Ceuta, las ONG’s piden transparencia y que se frenen definitivamente.
