El juez del caso mascarillas ha dado un plazo de 48 horas al empresario Alberto Luceño, investigado junto a Luis Medina por una posible estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario, para que abone los cuatro millones de euros que le quedan por asegurar de fianza.
En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha requerido al empresario el pago de 4.023.966,94 euros y ha rechazado imputarle un delito de alzamiento de bienes -que sí pesa sobre Medina- ni un delito fiscal, como pedía alguna acusación.
Según el juez, hasta el momento sólo ha podido ser embargado a Luceño un inmueble valorado en 1,1 millones de euros, diversos vehículos valorados en 946.136,66 euros y el saldo de cuentas corrientes por un importe de 129.140,70 euros.
Por ello y teniendo en cuenta que el importe de sus responsabilidades pecuniarias alcanza 6,2 millones de euros, el juez ha fijado para él una fianza de 4 millones de euros, como pedía el fiscal, que deberá abonar en un plazo de 48 horas.
El juez rechaza imputarle un delito de alzamiento de bienes
En el mismo auto el juez rechaza ampliarle la imputación a un delito de alzamiento de bienes al no haber "realizado disposiciones patrimoniales tras su declaración" el año pasado ante la Fiscalía Anticorrupción, ya que el dinero de las ventas de tres coches fue ingresado en las cuentas de su sociedad, Takamaka Invest S.L.
Además el juez tiene en cuenta que Luceño ha aportado los relojes que se le han pedido y ha justificado los gastos necesarios para su vida personal y las necesidades de su empresa.
Rechaza también investigarle por delito fiscal, como pedía la acusación popular ejercida por Podemos, dado que "por el momento no hay indicios de elusión de impuestos".
El juez también ha dictado una providencia en la que atiende la petición del Ayuntamiento de Madrid, que también es acusación, y de Podemos, y requiere a la Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional (ICC Spain) una serie de datos sobre los contratos suscritos por ambos empresarios que constan con membrete de dicha institución.
En concreto, pide que le informe si este organismo tiene establecidas pautas o recomendaciones sobre los porcentajes de las comisiones que se consideran adecuados por el desempeño de las funciones de agente o facilitador en la celebración de operaciones mercantiles.
También si la Cámara ha participado en la elaboración de los contratos que se investigan o si ha autorizado la incorporación de su membrete a los mismos, si se corresponden con los modelos de documentos avalados por la ICC o si los investigados son socios de la institución.
Según la Fiscalía Anticorrupción, ambos empresarios se embolsaron 6,6 millones de dólares en comisiones por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia.
