Dictamen de 11 puntos que como primera conclusión establece que desde 2007 y hasta 2015 las empresas públicas de la Comunidad de Madrid se usaron para minimizar los controles de contratación y pagos.
Utiliza términos como desvío de fondos, uso irregular para obtener comisiones, adjudicaciones a cambio de favores y subvenciones, ausencia de rigor en los concursos públicos y red clientelar.
Señala especialmente a Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre, sobre la que deja caer la duda de si (premeditadamente o no) dejó de ejercer control sobre las actividades irregulares de los miembros de su gobierno. El dictamen acusa también al ejecutivo de Cristina Cifuentes de obstaculizar cualquier investigación desde 2017, e insta a trasladar todas las conclusiones a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad para exigir responsabilidades civiles.