En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia estiman el recurso de apelación interpuesto por la defensa del menor y revocan parcialmente la sentencia condenatoria de la titular del Juzgado de Menores Número 4 de Madrid, Victoria Rojo, dictada el pasado 24 de febrero.
Álvaro C.G. fue condenado a seis años de internamiento en régimen cerrado y dos años de libertad vigilada como responsable de un delito de homicidio, otro de tenencia ilícita de armas y otro de riña tumultuaria.
Pero la Sala le absuelve ahora del delito de homicidio y señala que el menor sólo es responsable de un delito de riña tumultuaria y otro de tenencia ilícita de armas, por los que se le impone la medida de 60 horas de prestación en beneficio de la comunidad.
Si el menor no prestase su consentimiento a la realización de tales prestaciones o las incumpliese, esta medida se sustituiría automáticamente por cinco permanencias de fin de semana en centro cerrado, explican los magistrados.
Ahora bien, la Sala recuerda que contra esta sentencia cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
La resolución señala que "no existe prueba de cargo suficiente para destruir la presunción de inocencia del menor respecto al delito de homicidio, pues a la vulneración de los derechos procesales de dicho menor, ha de añadirse la falta de credibilidad del denominado "testigo protegido" G303.
Precisamente en su escrito la Sala se refiere a esta persona como "coimputado protegido", al recordar que en la causa principal que instruye el Juzgado de Instrucción Número 20 de Madrid está imputado por un delito de riña tumultuaria. En este sentido, el Tribunal expone las siguientes tres razones para resta validez a su relato.
Dice la Sala que "no tiene en realidad la condición de testigo, sino la de imputado, habiendo declarado, tanto ante la Fiscalía de Menores como ante el Juzgado de Menores, con la expresa advertencia de que no estaba obligado a decir la verdad"
Pero también explica que "desde un punto de vista subjetivo, las circunstancias y razones de su aparición en el proceso no son claras, pudiendo deberse a móviles de autoexculpación o a la búsqueda de otras ventajas procesales".
Además, considera que "las versiones de los hechos que ha ido ofreciendo a lo largo del procedimiento presentan relevantes discrepancias entre sí y carecen intrínsecamente de credibilidad en atención a su propio contenido".
Y añade que desde un punto de vista objetivo, "sus declaraciones no están suficientemente corroboradas por otros datos o elementos objetivos y externos que permitan atribuirles credibilidad, pues los existentes lo único que permiten corroborar es la participación del menor en la riña tumultuaria, pero no en la muerte de Jimmy".
"En definitiva, las declaraciones ofrecidas por el "coimputado protegido", por todo lo ya expuesto en la presente resolución, no ofrecen garantía alguna de veracidad, tanto por sus contenidos como por las circunstancias que concurren en quien las realiza", agrega.
Con esta decisión, el tribunal formado por los magistrados Juan José López Ortega, María José García-Galán y José Joaquín Hervás no da validez al testimonio del testigo y despeja el camino para que el titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, que instruye la causa principal, retome las diligencias de la investigación.
Fuentes jurídicas apuntan a Efe que el juez Pedro Merchante Somalo paralizó el proceso hasta que la Audiencia Provincial no se pronunciara sobre el recurso del menor y, por consiguiente, sobre la credibilidad del testigo protegido, cuya versión de los hechos ha desmontado por completo.
