Para el ejecutivo regional, los sectores del comercio y la hostelería de la región suponen en la actualidad hasta el 17,2% del PiB y suman entre ambos casi 800.000 trabajadores. De ahí que el informe destaque "las consecuencias nefastas para la primera economía de España y para el resto del país". Según el documento elaborado por la Comunidad de Madrid, se trata de una imposición unilateral que no se ha acordado con el conjunto de los agentes sociales, vulnerando la negociación colectiva y, además, restringiendo abiertamente la libertad de empresa. Además, argumenta que esta futura Ley generará inseguridad jurídica al no tener desarrollo reglamentario, "traduciéndose en un incremento de la conflictividad laboral en toda España"
Rechazo frontal
La Puerta del Sol no descarta recurrir el texto legal, por entender que carece de un análisis serio y riguroso del impacto económico, las cargas administrativas o las consecuencias organizativas que puede generar, especialmente para pymes y autónomos, que son "quienes más sufrirán sus efectos nocivos". Desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ya se ha remitido este mes al Ministerio de Trabajo y Economía Social un documento con todas las alegaciones del Gobierno madrileño al anteproyecto.
