El Consejo de Ministros ha acordado interponer sendos recurso de inconstitucionalidad contra las leyes trans y de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid, que quedarán en suspenso mientras el tribunal de garantías los resuelve.
Lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en vísperas del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra este viernes 28 de junio.
El Defensor del Pueblo llevó hace ya tres meses ante el Constitucional la ley trans impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al entender que exigir que los menores cuenten con el apoyo de profesionales de salud mental si quieren acceder a terapia hormonal para cambiar de sexo, o pedir un informe favorable del médico que les trata si padecen alguna enfermedad son requisitos "patologizantes y desproporcionados".
"Son leyes que redundan en una reducción de derechos"
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado que los derechos de las personas trans "no pueden esperar" y defendió la necesidad de que "se ejerzan con igualdad de condiciones en todo el país".
Apuntó que la normativa impulsada por la Comunidad de Madrid es "regresiva" al eliminar y derogar contenidos relacionados con la protección de derechos y por establecer nuevos requisitos o condiciones para su ejercicio.
El Gobierno no impugnará todas las previsiones recogidas en las leyes recurridas, sino aquellos aspectos que consideran inconstitucionales por ser contrarios a los derechos fundamental o por invadir competencias del Estado.
Los cuatro motivos por los que se recurre
En concreto, se recurrirá la excepción que se hace a la prohibición absoluta de las terapias de conversión permitiendo el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, que, según el Ejecutivo, "en muchas ocasiones son formas encubiertas de este tipo de pseudoterapias".
También se impugnará la "patologización" que se hace de los menores trans, al obligarles a someterse a un proceso de acompañamiento psicológico o psiquiátrico y a contar con un informe facultativo preceptivo favorable como condición para iniciar un tratamiento para su transición.
A su vez, se someterá a juicio del Tribunal Constitucional la contraposición discriminatoria que hace la ley autonómica de las personas trans frente a las mujeres y niñas cuando se les permite usar espacios o equipamientos "sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de las mujeres y niñas".
Ana Redondo apuntó que el Gobierno considera que las normas madrileñas invaden las competencias exclusivas del Estado en materia procesal y de procedimiento administrativo al excluir a las organizaciones Lgbti de la condición de interesados en procedimientos penales y administrativos sancionadores, incluso cuando representen a una víctima o perjudicado con su permiso explícito.
La ley será suspendida
La titular de Igualdad explicó que la decisión de acudir al Tribunal Constitucional se produce después de haber explorado sin éxito la vía de la negociación en la Comisión Bilateral que reúne a la Administración General del Estado y a la Comunidad de Madrid.
Ante esta situación, el Ejecutivo interpone el recurso de inconstitucionalidad con efectos suspensivos, siguiendo la estela del que ha presentado el Defensor del Pueblo.
La suspensión supondría que la prohibición de las terapias de conversión tendrá carácter absoluto, que los menores de edad que quieran acceder a un tratamiento farmacológico no necesitarían acompañamiento psicológico o psiquiátrico, ni informe médico favorable, y que carecerá de eficacia la exclusión de las organizaciones Lgtbi como posibles interesadas en los procedimientos penales o administrativos sancionadores.
A su juicio, la decisión del Gobierno de recurrir ambas leyes atestigua su "firme compromiso" con "la igualdad de derechos, porque estamos orgullosos de la diversidad y de manifestarnos libremente iguales y, por eso, no puede haber diferencias entre las personas trans de Madrid y las del resto de los territorios".
