El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido un análisis sobre los efectos de la condonación de la deuda para la región. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha denunciado que no se trata de una quita a todas las regiones: “La deuda no ha desaparecido, sigue ahí, simplemente ha cambiado de manos, y al asumirla el Estado este la socializará entre todos los españoles, que serán ahora los tenedores de las facturas impagadas de los derroches de los secesionistas”, ha subrayado durante su comparecencia. El documento detalla el impacto que tendrá para los madrileños la imposición del Gobierno central a todas las CCAA, medida unilateral basada en el acuerdo de gobernabilidad que tiene con ERC y no fruto de una negociación ni de consenso alguno con todas las autonomías. La Comunidad calcula que cada madrileño pagará 483 euros extra y los catalanes ahorrarán 410 al condonar la deuda pactada con el independentismo.
Albert ha expresado su indignación al constatar que, una vez estudiada la metodología empleada por el ministerio de Hacienda para la condonación de la deuda, queda patente que “es un traje a medida para Cataluña”. Además, ha remarcado que “como es una falacia que esta región esté infrafinanciada, se ha tenido que inventar dos tramos para para que así les cuadren los números y les salga la cantidad prometida a ERC”. “Y lo han hecho primando el mayor endeudamiento y la mayor carga fiscal a sus ciudadanos, y penalizando a quienes menos endeudados estamos y a quienes menos impuestos exigimos a nuestros contribuyentes”, según ha precisado la consejera madrileña.
PENALIZACIÓN A MADRID
Según este informe, el hecho de favorecer el endeudamiento ha provocado que la Comunidad de Madrid deje de ser la región de régimen común con menos porcentaje de deuda, para ser la segunda por detrás de Asturias. Y en términos absolutos de ser la cuarta, pasará a ser ahora la tercera. Albert ha concluido que la Comunidad de Madrid en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no va a negociar nada que signifique que los madrileños, y el resto de los españoles, paguen las deudas a los independentistas catalanes.
Por eso el Ejecutivo madrileño asegura que no se callará y que recurrirá este acuerdo ante todas las instancias judiciales pertinentes: desde la vía contencioso-administrativa hasta el Tribunal Constitucional.
