El Consejo de Gobierno madrileño ha solicitado el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora sobre el primer reglamento para regular el servicio que prestan las empresas Uber, Cabify y Bolt y que entrará en vigor prácticamente al mismo tiempo que la regulación del taxi, a principios de 2024. La ampliación de los precios máximos, que en un primer borrador quedaba establecido en el 50%, se incrementa para establecer "un equilibrio" entre los ciudadanos y las plataformas; la oferta y la demanda, tras escuchar las alegaciones recibidas por las plataformas VTC. Así lo ha detallado el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Además, el nuevo reglamento de las VTC exige a los conductores pasar una prueba para valorar conocimientos sobre el manejo de dispositivos digitales con mapa de navegación, el uso del castellano, primeros auxilios y lugares más importantes de la región. De las pruebas quedarán exentos quienes a la entrada en vigor del reglamento llevaran ejerciendo su labor profesional durante al menos un año de forma ininterrumpida o dos en el período de los cuatro años anteriores a la entrada en vigor del nuevo decreto, aprobado la pasada legislatura. También deberán acreditar la posesión de un permiso de conducir de la clase B con, al menos, dos años de antigüedad y estar libre de condenas por delitos contra la libertad sexual.
Estas empresas no podrán captar a clientes ni tampoco permanecer en lugares como aeropuertos, estaciones de ferrocarril o autobús o cualquier otro emplazamiento donde haya una afluencia masiva de personas, algo reservado exclusivamente al taxi.
A la espera del Ministerio
Rodrigo también ha criticado que el ministerio de Transportes aún no se haya puesto en contacto con las Comunidades Autónomas para informar sobre si prorrogará, o no, las subvenciones actuales al transporte público en títulos y abonos. Actualmente el Estado aporta un 30% de subvención en el precio, otro 20% lo ponen las administraciones autonómicas. Madrid aportó otro 10% adicional.
