Aunque la presión en las salas de asilo del aeropuerto de Barajas ha bajado en los últimos días, la situación sigue lejos de la normalidad. Tras un aviso en verano, la crisis estalló en diciembre, cuando se produjo una avalancha de llegadas que retrasó todos los trámites.
Las salas de asilo de los aeropuertos acogen a los pasajeros que piden protección internacional tras aterrizar. Es un procedimiento acelerado que las autoridades suelen responder en apenas cuatro o cinco días, pero ante el que no están pudiendo dar una respuesta rápida debido a las llegadas masivas de las últimas semanas.
Ya antes de Navidades en la sala de la T-1 del aeropuerto de Barajas, con capacidad para 72 personas, se hacinaban 170; mientras que la de la T-4, con 44 plazas, acogía a otras 75. A mediados de enero eran más de 450 peticionarios de asilo amontonados en el aeropuerto de Barajas y 17 de ellos se dieron a la fuga sin que la policía pudiera evitarlo.
Este hacinamiento ha traído consigo condiciones insalubres, con la aparición de cucarachas y chinches, que han llevado a la Cruz Roja, que se ocupaba de la atención psicosocial de los peticionarios de asilo, a abandonar su tarea. "Siempre queremos estar con las personas que lo necesitan, pero las condiciones no lo permiten en estos momentos", explican desde la ONG.
Mientras, la Policía alerta de una próxima llegada masiva de peticionarios de asilo con pasaporte de Mauritania.
El Ministerio del Interior ha intentado trasladar a algunos de los solicitantes a un centro de Internamiento de Inmigrantes, pero el juez que lo autorizó tuvo que revocar su orden. El ministro Marlaska trataba de restarle importancia al asunto hablando de "una cuestión absolutamente puntual por unos vuelos muy concretos".
La habilitación de una nueva sala en Barajas y la prohibición de embarque de Casablanca a muchos senegaleses ha permitido cierta descongestión, aunque las cifras aún superan la capacidad y la basura se acumula.
Este viernes, una inspección de Trabajo recorrerá las salas de inadmitidos respondiendo a la denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP) sobre las condiciones higiénico-sanitarias en las que trabajan los agentes, que desde la marcha de Cruz Roja se tienen que encargar, incluso, de hacer llegar a los hacinados los medicamentos recetados por los servicios médicos.
