Abren juicio al exalcalde Alicante y le piden 10 años de inhabilitación
La juez ha abierto juicio oral al exalcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, por un delito continuado de prevaricación relacionado con el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.
Además, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para él 10 años y 1 día de inhabilitación, según han informado fuentes próximas al caso.
En su auto, la magistrada María Luisa Carrascosa decreta también la apertura de juicio oral contra dos antiguos asesores del que fuera primer edil, el exjefe de su gabinete, Eduardo Díez, y el exasesor de Comercio Pedro de Gea.
Considera que ambos pudieron incurrir en el mismo delito, prevaricación continuada, aunque en grado de cooperación necesaria, como sostiene en su escrito de acusación provisional la Fiscalía, que reclama para ambos la misma pena que para Gabriel Echávarri.
La magistrada ha dejado fuera del objeto del juicio el presunto delito de usurpación de funciones que apreció en la conducta de Díez y De Gea al dictar el auto de procedimiento abreviado de la causa, el pasado mes de noviembre. La juez ha tomado esta decisión después de que Anticorrupción haya pedido el sobreseimiento de las diligencias por esta infracción penal y de que el PP, que ejerce la acusación particular, tampoco la haya incluido en sus conclusiones provisionales.
En su escrito, el PP ha pedido una pena de inhabilitación de 12 años y 7 meses al exalcalde para Echávarri por el delito continuado de prevaricación y 7 años para cada uno de sus exasesores. Echávarri hizo efectiva su dimisión del cargo el pasado 9 de abril, lo que motivó que el PP, con Luis Barcala como alcalde, accediera al gobierno municipal el pasado jueves, después de que la socialista Eva Montesinos no lograra la mayoría absoluta para suceder a su compañero de partido por tan solo un voto.
El exalcalde está acusado de prevaricación en dos causas judiciales: una por el presunto fraccionamiento de contratos, en la que la Audiencia ha confirmado ya su procesamiento, y otra por el despido de una funcionaria interina que es cuñada del hasta ahora portavoz municipal del PP y nuevo alcalde Barcala.
La titular del Juzgado de Instrucción 9 de Alicante, María Luisa Carrascosa, considera que existen indicios que apuntan a que Echávarri, De Gea y Díez fraccionaron 14 facturas por trabajos y servicios relacionados con la gala de comercio de la Navidad de 2016 y la promoción de los mercados municipales, todo ello por un importe total de 144.160 euros.
En su opinión, "dichas contrataciones debieron realizarse legalmente a través de concurso público" y su fraccionamiento en contratos menores convirtió la actuación del ayuntamiento en "arbitraria", ya que benefició profesionales elegidos "por propia voluntad, con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia".
Las adjudicaciones tenían como finalidad la promoción publicitaria del comercio local, la organización de la Gala de Comercio 2016 y la instalación de nuevos carteles en dos mercados y un mercadillo municipal. El PP y Ciudadanos denunciaron en los juzgados esas supuestas irregularidades, que inicialmente afectaban a 25 facturas por un importe total cercano a los 190.000 euros, aunque solo el primero de estos partidos siguió en el proceso como acusación particular.
Los populares sostienen en su escrito de acusación provisional que los tres investigados recurrieron de forma ilegal a los contratos menores porque sabían que la suma de los pagos superaba el importe máximo que permite la legislación en ese tipo de contratación.
Aseguran, asimismo, que siguieron un "plan preconcebido" para poder disponer rápidamente de esos fondos antes de que finalizara el año y evitar que fueran destinados a la amortización de la deuda municipal.
Ese proceder, concluyen, obvió "los principios de transparencia, libre acceso y competencia de otras empresas que se vieron privadas de acudir a un procedimiento de contratación", añaden.
La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer sus propias conclusione jurídicas, en las que solicita penas de diez años y un día de inhabilitación para los procesados, aunque aún no las ha hecho públicas.