La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha visitado esta mañana la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) situada en la calle San Juan Bosco, que se ha convertido convertido en una de las primeras de la Comunitat Valenciana en albergar un Punto Violeta de atención a las víctimas de violencia machista.
Esta iniciativa que se desarrolla ya en otras comunidades autónomas españolas, se implantará en las 19 oficinas que hay en Alicante más la dirección provincial. La delegada ha apuntado que "el SEPE se une de manera decidida a la lucha contra la violencia de género, un problema estructural que requiere de un compromiso firme del conjunto de administraciones y de toda la sociedad”.
Bernabé ha destacado que, iniciativas como ésta, ponen de relieve “el compromiso firme de este Gobierno en la lucha contra la violencia de género, una violencia que no se puede negar, que mata a las mujeres por el mero hecho de ser mujer, una violencia estructural.” Con los puntos violetas, promovidos por el Ministerio de Igualdad, se establece en las dependencias del SEPE, “un lugar seguro para las víctimas de violencia machista: un espacio físico donde serán atendidas y apoyadas”.
Atención y ayuda
Bernabé ha señalado que en los Puntos Violeta se darán a conocer los servicios de atención y ayuda a las víctimas en relación con la violencia machista, en cualquiera de sus manifestaciones. Para ello, se ha realizado una formación específica a los funcionarios y funcionarias en materia de violencia de género para atender y detectar los casos. La delegada ha agradecido “el compromiso del personal del SEPE y su predisposición para atender a las posibles víctimas”.
En esta línea, ha dicho la delegada que, entre los casos detectados, destaca “la violencia económica ejercida por parejas y ex parejas para dejar a las mujeres aisladas de sus recursos y evitar que sean independientes”.
Esta iniciativa forma parte del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización impulsado por distintos ministerios del Gobierno de España, y, supone un cambio de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas, dando pasos decididos a visibilizar y a implicar al conjunto de la sociedad.
