Esta movilización, autorizada por la Subdelegación del Gobierno en Alicante, está organizada por las entidades agrarias Asaja Alicante, la Asociación Valenciana de Agricultores (Ava-Asaja), La Unió Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), con el apoyo de las Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, según ha indicado Asaja en un comunicado.
Las entidades buscan cortar, el viernes 16 de febrero, las autovías A-31 (Alicante-Almansa) y A-7 (Alicante-Murcia) desde San Isidro y Villena, donde partirán en caravana con sus tractores tras una previa concentración. Asimismo, habrá una tercera tractorada que partirá desde la localidad de Planes (El Comtat) y discurrirá por carretera.
Las reclamaciones
Las organizaciones agrarias demandan "revalorizar la actividad agraria en su conjunto", tanto agraria, ganadera, cinegética como forestal, "poniendo en valor el trabajo estratégico y esencial de la agricultura y la ganadería para la economía y el conjunto de la sociedad".
También han reclamado "soluciones al problema del agua en Alicante", así como una planificación hídrica "solidaria y eficiente que garantice el regadío sostenible", el trasvase Tajo-Segura y la activación del Júcar-Vinalopó con las obras del post-trasvase.
Las entidades han pedido "garantizar el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria", con "mayores recursos humanos" para la inspección de oficio y que se respete la normativa; así como "reciprocidad y preferencia comunitaria", para lo que han instado a "revisar todos los acuerdos comerciales y exigir la reciprocidad en las importaciones de productos de terceros países", con cláusulas para "evitar la competencia desleal de terceros países".
"La Comisión Europea debe exigir y garantizar que las producciones extracomunitarias cumplan los mismos requisitos fitosanitarios, medioambientales y laborales que nuestras producciones nacionales. Con referencia al acuerdo de Mercosur, requerimos que se paralicen todos aquellos acuerdos que suscribe la Unión Europea en la que utilizan la agricultura y ganadería como moneda de cambio", han exigido.
También han pedido un nuevo plan estratégico de la PAC y la paralización del cuaderno electrónico y de todas las normas comunitarias medioambientalistas que, a su juicio, "imposibilitan" su labor; un plan de choque para "aliviar la escalada de los costes de producción"; la simplificación administrativa y burocrática para el agricultor y ganadero; o reducir la presión fiscal de la agricultura y la ganadería y de las empresas del sector.
