El grupo popular en el ayuntamiento de Alicante no ha tenido más remedio que aceptar 20 de las 26 enmiendas de Vox si quería aprobar el presupuesto de este año. Así, en la redacción de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, no se contempla procedimiento sancionador y no se restringen los derechos fundamentales de los alicantinos y protegiendo la economía local, principalmente en las zonas afectadas; eso dice el equipo de Gobierno en un comunicado.
El PP afirma que está muy satisfecho por el acuerdo porque las enmiendas de Vox ayudan a mejorar el proyecto de presupuestos para seguir avanzado con la mayor estabilidad posible en la transformación y la mejora de Alicante.
El alcalde, Luis Barcala, ha afirmado que La exigencia de Vox sobre la Zona de Bajas Emisiones coincide con mi compromiso ya anunciado durante la campaña electoral de que no se impondrán sanciones, si no es necesario técnicamente y así lo confirman los informes de la secretaría del Ayuntamiento y del área de Medio Ambiente".
Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha subrayado que su formación está en el Ayuntamiento para "trabajar con responsabilidad y únicamente por y para los alicantinos". "Nos alegra saber que tenemos razón y que no hacía falta sancionar a los alicantinos y condenar al pequeño comercio por el fundamentalismo climático. Para nosotros, las multas y restricciones de la Zona de Bajas Emisiones eran y son una línea roja, como venimos advirtiendo desde que conocimos el proyecto de ZBE del anterior equipo de Gobierno", ha sostenido.
La comisión de Hacienda votará a favor el próximo jueves y el pleno extraordinario se celebrará en próximos días. El proyecto de Presupuestos para ya este año asciende a 359,26 millones de euros, con un incremento de 27,8 por ciento con respecto al último aprobado en 2022 y que es el que ha estado vigente durante al año pasado.
