Hace ahora un siglo que se constituyó la Corte Permanente de Justicia Internacional de la que, el juez alicantino Rafael Altamira, fue uno de los fundadores. Es por ello que “de forma simbólica, para hacer justicia a la importancia del ilustre jurista, la Ciudad de la Justicia; un proyecto muy simbólico para Alicante; llevará el nombre de Rafael Altamira”.
Son palabra del President de la Generalitat, Ximo Puig, en el acto de presentación de esta infraestructura que, se estima que podría estar terminada en 2025. Ese es el plazo, teniendo en cuenta que hasta el 13 de junio está abierto el periodo de licitación al que han concurrido 16 empresas. Luego hay que adjudicar y las obras podrían comenzar a finales de este año 2022.
Se trata de un edificio con siete plantas y con dos sótanos, que ocupará los 45.000 metros cuadrados del antiguo Cuartel de San Fernando, donde el Ayuntamiento ya ha urbanizado la plaza que vertebra los barrios de Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes.
Además, según ha destacado la Consellera de Justicia, Gabriela Bravo; será un edifico sostenible porque llevará integradas 250 placas fotovoltaicas en su fachada y estará adaptado para el bienestar de los trabajadores y de los usuarios de la justicia alicantina.
Según Bravo “allí estarán también las oficinas de atención a las víctimas del delito, la de atención social, la de denuncias y por primera vez, Alicante dispondrá de un nuevo Instituto de Medicina Legal, en estas instalaciones”. No en vano, con un presupuesto de 85’6 millones de euros; se convertirá la mayor inversión en infraestructuras judiciales de la Comuniat de los últimos 20 años.
Y es que, tal y como ha recordado el President, Ximo Puig, “mientras que todas las principales ciudades de la Comunitat tuvieron su nueva ciudad de la Justicia; Alicante se quedó sin ella porque irrumpió la crisis de 2008”. "Es hora de corregir esta injusticia", ha dicho Puig.
Precisamente este proyecto para Alicante se lleva un tercio de todo lo presupuestado en el Plan de infraestructuras judiciales aprobado por la Generalitat en 2018 para toda la Comunitat Valenciana. Según Puig, la mejora de las sedes judiciales, además de una prioridad "es algo fundamental", teniendo en cuenta que, “de los cuatro millones de habitantes de la Comunitat; cada año hacen uso de la justicia valenciana un millón de ellos”.
BARCALA, FELIZ
Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que ha asistido a este acto, ha destacado la colaboración “absoluta” que ha habido entre la consellería de Justicia y el ayuntamiento. No es habitual, como ha sido el caso, que la titular de la consellería y el alcalde se arremangaran y se pusieran a trabajar con los técnicos porque el compromiso era “tremendo”, ha apuntado Barcala.
Es una deuda que había con Alicante ya que era la única capital de partido judicial sin “ciudad de la justicia” y eso era inadmisible, ha apuntado Barcala. Fue al principio del mandato cuando las dos partes acordaron que esto había llevarlo a adelante.
Escollos como la modificación del Plan General para facilitar su encaje, no podía nacer siendo un edificio pequeño, y el parque construido se hizo sobre el diseño que iba a tener el edificio. Barcala ha coincidido con Gabriela Bravo en la transformación que traerá a Princesa Mercedes, Alipark y Benalúa.
