El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha registrado una declaración institucional para su debate en el pleno ordinario de este mes, para instar a las entidades bancarias de la ciudad de Alicante y otros organismos la mejora de los servicios para la ciudadanía en general y, para la gente mayor y con diversidad funcional, en particular.
Para el concejal Rafa Mas "la banca es injusta. Cuando les iba mal el Estado les rescató con dinero público y ahora, con beneficios, se permiten el lujo de despedir a miles de trabajadoras y trabajadores provocando menor atención y la expulsión financiera, fundamentalmente de las personas mayores".
Por ello, propondrán al Gobierno Municipal de Luis Barcala una batería de medidas, entre ellas sentarse con las entidades financieras, instar a tener atención presencial y que no se cobre por ello, a volver a habilitar oficinas y cajeros en barrios donde no hay ninguna entidad bancaria, así como en las partidas rurales, plantear bonificar a las entidades que sean amigables con las personas mayores e instar al Gobierno Central, como ha propuesto Compromís en Corts y Congreso, a blindar por la Ley la atención presencial".
IMPORTANTE REDUCCIÓN DE LA OFERTA
La declaración se basa en que la prestación y calidad de los servicios bancarios presenciales a la población se han reducido de forma extraordinaria. Un proceso que se ha visto agravado por la digitalización, las fusiones y también por la pandemia, con la implantación de la cita previa, las limitaciones de acceso a las oficinas y las restricciones de horarios de atención. Los últimos datos indican que en las comarcas de Alicante sólo quedan operativas menos de 700 oficinas bancarias, la cifra más baja desde 1977. Es decir, de las 1.770 que llegaron a existir en 2008, el año de máxima expansión de la red bancaria, supone que en ese tiempo ya ha desaparecido el 61%.
Esta declaración va en la línea de la propuesta de Compromís en Les Corts y Congreso, donde se ha registrado una iniciativa en la que pide que la atención presencial de las entidades bancarias sea declarada un servicio universal, como ocurre con las telecomunicaciones, así como reclamar el desarrollo de una normativa que acompañe la declaración de servicio universal de esta atención para personas mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de ir un paso más allá y blindar la atención presencial por ley.
