El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Alcoi ha desestimado la demanda interpuesta por la muerte de 15 personas (de un total de 73 fallecidos) y las lesiones de otras tres en la residencia de la tercera edad DomusVi durante la pandemia de Covid-19, en la que sus familiares reclamaban más de 2,2 millones en indemnizaciones, al descartar una actuación negligente por parte de la empresa que gestiona el centro.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha indicado que el titular del órgano judicial ha tomado esta decisión en una sentencia de 257 páginas que ha sido notificada este jueves a las partes, tras analizar de forma exhaustiva la prueba documental y las declaraciones de los numerosos testigos y peritos que intervinieron en el juicio, que se celebró entre los días 30 de septiembre y 10 de octubre del pasado año.
El juez ha concluido que no ha quedado acreditado que la mercantil demandada, Quavitae Servicios Asistenciales SAU, incurriera en una conducta negligente respecto a la entrada del virus en el geriátrico, a su propagación ni a la atención dispensada a los residentes.
Así, recuerda que una residencia no es un hospital y que la negligencia médica que los demandantes atribuyen a la empresa “no es asimilable a las que se busca imputar en los supuestos de exclusiva mala praxis del profesional sanitario”, pues los profesionales del geriátrico se vieron “condicionados por una falta de medios que no les resulta imputable”.
“La situación de pandemia que vivimos a partir de marzo de 2020 en España no entra dentro de ningún tipo de margen de normalidad” -razona el juzgador- y “superó los límites de cualquier actividad sociosanitaria, por muy bien provista de medios que estuviera”.
De hecho, la aparición del virus Sars-Cov-2 provocó un “desabastecimiento total del profesional sanitario y sociosanitario disponible en el mercado laboral”, al igual que ocurrió con la falta de material, “una cuestión que afectó a nivel internacional” y que no puede por tanto imputarse a la empresa demandada, precisa a continuación.
Fue la primera demanda presentada en España por familiares de víctimas usuarias de un residencia de mayores.
