Alicante mantendrá la gestión indirecta de los servicios de retirada, inmovilización y depósito de vehículos (ORA-Grúa) en la zona azul, cuyo contrato terminará el próximo 22 mayo tras sus 10 años de vigencia y completar dos prórrogas de un año cada una, más una prórroga de 204 días por la pandemia.
La comisión de Servicios ha informado este lunes favorablemente la propuesta del área de Movilidad Urbana para mantener el mismo sistema de control del estacionamiento en zona azul mediante gestión indirecta como paso previo a la licitación del nuevo contrato.
Han votado a favor de la propuesta los concejales del PP y VOX. El PSOE se ha abstenido, mientras que Compromís y Esquerra Unida-Podem han votado en contra. El acuerdo será debatido y sometido de nuevo a aprobación definitiva en el Pleno ordinario del mes de febrero, que se celebrará el próximo jueves, día 29.
El equipo de gobierno defiende en su propuesta el mantenimiento del modelo actual de gestión de la ORA con gestión indirecta, en función del estudio que la acompaña en el que se acredita “la conveniencia para los intereses públicos municipales por razones de eficiencia, sosteniblidad y calidad, de mantener la gestión indirecta, como forma de gestión de los servicios públicos ORA-Grúa”.
Así lo afirma la propuesta de acuerdo elaborada por la concejalía de Movilidad Urbana tras comparar eficiencia, medios técnicos y costes. De la misma forma se pronuncia tanto la Asesoría Jurídica municipal como el área de Economía y Hacienda en sus respectivos informes.
Motivos para no cambiar
El informe jurídico y económico elaborado por los despachos de Broseta e Ingartek apunta que si se cambiase a gestión directa “el Ayuntamiento tendría que asumir los costes de personal, incorporando su antigüedad, en el supuesto de que se produjese la subrogación de la plantilla actual con el consiguiente incremento presupuestario y de masa salarial, lo que podría conculcar la Ley de Presupuestos del año correspondiente”, mientras que con una gestión indirecta se “derivan ciertos riesgos operacionales a la empresa que pueda resultar adjudicataria del servicio y que no tendría que asumir el ayuntamiento”.
El informe también llega a la conclusión de que crear una empresa pública conllevaría mayor gasto que la gestión indirecta. “Una empresa pública de gestión directa, al asemejarse en su estructura a una empresa privada, conduce a equiparar sus costes. Sin embargo, para alcanzar la economía de escala de una empresa privada, necesita alcanzar un nivel e negocio, que en ciudades de tamaño medio no es posible”, describe.
Opinión de la Oposición
La portavoz socialista, Ana Barceló, ha optado por la abstención porque está en desacuerdo con el procedimiento impulsado por el equipo de Gobierno. Dice que la concejalía de Movilidad no debería usar "datos desactualizados" para externalizar el servicio en 2024 sin hacer un estudio serio que "contemple el modelo de gestión directa que aplican otras grandes ciudades del entorno como Murcia o Elche".
El PSOE piensa también que habrá que tener en cuenta la bonificación o la exención para vehículos no contaminantes; una posible reorganización de las plazas o el incremento de la zona azul en nuevas zonas.
Por su parte, tanto Compromís como Esquerra Unida-Podem consideran que el económico "no puede ni debe ser el principal criterio al que aluden los informes presentados" y abogan por recuperar la municipalización de la zona azul y del servicio de grúa. También sostienen que este servicio debe ser público "para que sus beneficios reviertan directamente en los alicantinos".
