La investigación iniciada por los agentes del Equipo ROCA tuvo lugar cuando un trabajador interpuso una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Pedreguer, tras una disputa con un compañero de trabajo, que acabo finalmente en un delito de lesiones. Durante las declaraciones del denunciante, los agentes averiguaron las pésimas condiciones laborales a las que estaban sometidos él y sus ocho compañeros de trabajo, de nacionalidad rumana y portuguesa. Fue entonces cuando los agentes iniciaron una investigación.
El marido, que ocupaba el puesto de capataz, junto a su mujer, utilizaban el método de cuadrillas de trabajo para realizar las labores de recolecta. De esta manera, solicitaban a una Empresa de Trabajo Temporal, con la que tenían una relación laboral desde hacía años, personas para trabajar bajo su mando. Los nueve varones contratados, acudían diariamente a trabajar a los campos de Castellón, Valencia y Alicante acatando las órdenes del matrimonio.
Según averiguaron los agentes, en unas condiciones que incumplían todos los requisitos del convenio de recogedores de la Comunidad Valenciana. Empezando por los días de alta en la seguridad social de cada trabajador, que no estaban asociados a la realidad de los días trabajados, sino que eran acordes a la producción realizada. Este acuerdo también establece un salario por destajo para cada trabajador y en este caso en concreto, ni siquiera se iguala al establecido legalmente.
Según los agentes, la diferencia entre una nómina normal y la de estas personas podía llegar a alcanzar los 1.000 euros. Los agentes del Equipo ROCA además descubrieron que los autores se apropiaban de una parte de la recolecta de fruta de los trabajadores. Durante la jornada de trabajo los temporeros recogían 22 kilos de cítricos en capazos que posteriormente eran depositados en cajas que tenían capacidad para albergar 20 kilos de peso. Los autores se quedaban con los dos kilos recolectados por los trabajadores que no cabían en la caja y de esta manera el matrimonio podía apropiarse ilegalmente de cientos de kilos recolectados por sus trabajadores al cabo del día.
Otra grave irregularidad detectada por los agentes es que, por convenio, la empresa es la que debe poner los medios para el desplazamiento de los trabajadores a su lugar de trabajo, o en su defecto pagarles una cantidad estipulada por kilómetros recorridos. En este caso eran los temporeros los que llenaban asiduamente el depósito de combustible de la furgoneta en la que se desplazaban a trabajar, siempre bajo la amenaza de ser despedidos sino lo hacían. De esta manera, los autores no solo se ahorraban el combustible para ir a trabajar cada día, sino que además se atribuían el porcentaje de dinero que la empresa les pagaba por el supuesto transporte de cada trabajador.
Los autores, engañándoles, gestionaban la documentación con la Empresa de Trabajo Temporal para que las nóminas de los trabajadores fueran ingresadas en sus cuentas bancarias. Todo ello permitía al matrimonio retirar y usar a su antojo el dinero ingresado por estas empresas en sus propias cuentas corrientes. A las víctimas les pagaban en metálico cantidades irrisorias, que solo les daba para cubrir sus necesidades básicas. De esta manera tenían el control total de los salarios y por lo tanto de los trabajadores, que se veían obligados a cumplir estas condiciones para cobrar a fin de mes.
Respecto a la jornada laboral, esta también cambiaba notablemente respecto a las condiciones ofertadas en origen, ya que en realidad las jornadas diarias de trabajo serían de lunes a domingo y durarían más horas de las establecidas legalmente. Contemplándose como único descanso laboral el de los días que las inclemencias meteorológicas no permitiesen la recolección. Además, los agentes del equipo ROCA descubrieron que los temporeros se veían obligados, para mantener su puesto de trabajo, a vivir hacinados y en condiciones infrahumanas en una nave agrícola en la localidad valenciana de Sollana, dónde también moraba el matrimonio en una instalación asidua.
Debido a las pésimas condiciones laborales y al miedo a ser despedidos, los trabajadores vivían en este lugar con evidentes deficiencias en su estructura, inundándose cuando llovía y sin agua corriente. Para asearse y lavar su ropa, utilizaban el agua de las acequias cercanas. Tras pasar por el juzgado, el matrimonio ha quedado en libertad con cargos.
