El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Alicante ha desarticulado dos mataderos ilegales en la provincia de Alicante. La investigación ha dejado a diez personas investigadas penalmente por delitos contra la salud pública, maltrato animal, receptación, falsedad documental y simulación de delito. Además, ha denunciado administrativamente a otras doce personas por infracciones relacionadas con movimiento de animales sin emisión de documento sanitario de traslado, no emisión de la preceptiva información sobre la cadena alimentaria, falta de autorización de instalaciones y sacrificio ilegal de animales. Estas infracciones están sancionadas con multa desde 600 hasta 1.200.000 euros.
Esta investigación ha sido denominada como «operación Chiqueros». Se inició con una primera inspección en una explotación ganadera de Alicante donde se interceptaron 100 ejemplares de las especies ovina y caprina. A estos les habían arrancado los crotales, la placa de identificación. Los animales estaban hacinados, heridos y desnutridos, en pésimas condiciones higiénico sanitarias y sin control veterinario. Los agentes inmovilizaron los animales y comenzaron la investigación para averiguar su procedencia. Gracias a que alguno de ellos estaba identificado mediante bolo ruminal, pudieron averiguar que procedían de distintas explotaciones de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Castilla La Mancha, desde las cuales debían haber sido trasladados a un matadero situado en Cartagena para su sacrificio, el registro oficial, pero al que en la realidad nunca fueron trasladados.
La Guardia Civil, tras esto, localizó en Cox otra explotación. En esta hallaron 200 ejemplares en circunstancias similares y, en este caso, además, algunos procedentes de explotaciones que habían dado positivo en tuberculosis.
Una trama criminal creada con este fin
Los investigadores han podido constatar que tres de los investigados se habían organizado con este fin, actuando como un grupo criminal que se había especializado en este sistema. Se hacían con los animales falsificando los documentos veterinarios de traslado a un matadero oficial en Cartagena para su sacrificio, algunos incluso cuya destrucción había sido decretada por las autoridades sanitarias. En lugar de ser enviados a este matadero, eran desviados ilegalmente hasta las explotaciones de Alicante y Cox, en las que eran sacrificados para su venta irregular. Los agentes descubrieron que algunos de los ejemplares habían sido robados en las explotaciones de origen. En otras ocasiones, ofrecían a los ganaderos un precio más alto que el que les sería pagado en el matadero, y que la banda recuperaba después con la venta ilegal de la carne.
En el total de la operación se han inmovilizado 305 ejemplares de ambas especies, ovina y caprina, decretándose el sacrificio y destrucción de los mismos dado el riesgo de contagio a otros ejemplares y el riesgo derivado por su consumo, al no poder acreditarse las enfermedades y tratamientos veterinarios por la falta de trazabilidad. Esta trazabilidad está marcada por normativa mundial y es imprescindible para conocer las fases por las que pasan los productos que integran la cadena alimentaria.
