Siempre hay quien de la desgracia intenta sacar provecho. En este caso, un grupo de personas trató de estafar 250.000 euros al Consorcio de Compensación de Seguros por unos supuestos estragos causados en una empresa de Rafal, tras la destructiva gota fría de septiembre de 2019 en la comarca de la Vega Baja.
Según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, a finales de septiembre de 2019, llegó al Consorcio una reclamación de indemnización por valor de 250.000 euros, en favor de una empresa que alegaba que había perdido 200.000 kilogramos de mercancía entre limones y patatas, 3.000 cajas de madera y un millar de palés, que se encontraban almacenados en el interior de una nave.
El Consorcio estimó que la indemnización solicitada no era acorde a los daños alegados, y los valoró 160.000 euros. De los cuales, los perjudicados, solicitaron un adelanto de 100.000 euros para poder hacer frente a la precaria situación en la que supuestamente había quedado la empresa.
Tras abonar la indemnización, funcionarios del Consorcio abrieron un expediente de revisión al encontrar algunas incongruencias en la documentación aportada. Al haber sospechas de una posible estafa, la entidad lo puso en conocimiento de la Guardia Civil, en julio de 2020.
Investigación meticulosa
La sección de Delitos Económicos llevó a cabo un meticuloso estudio de la documentación que concluyó que la producción hortofrutícola dañada por la DANA no existía. Ni tampoco las cajas ni los palés presuntamente afectados. Este grupo de personas había falsificado presupuestos, facturas y albaranes. También fingieron intercambios de mercancías que nunca existieron
Los investigadores han seguido el rastro del dinero, comprobando que la indemnización percibida había sido repartida de forma equitativa entre los cinco autores.
Al final, los agentes detuvieron a cuatro personas e investigado a otra más. Son tres varones de entre 22 y 60 años, y una mujer de 58. La quinta persona, que ha sido investigada, es una mujer de 44. Todos ellos son de nacionalidad española. Se repartían las funciones de forma claramente jerarquizada. Entre ellos existen vínculos familiares.
Se les imputa un delito de estafa, un delito de falsedad documental, y un delito de pertenencia a organización criminal. Algunos de los autores cuentan con antecedentes por hechos similares, teniendo en la actualidad causas pendientes por tales hechos. Tras comparecer ante el juez han quedado en libertad con cargos.
