seguridad alimentaria

Interceptan 40.000 kilos de carne en mal estado en San Vicente y en San Isidro

👉La Guardia Civil investiga a los propietarios de dos empresas por delitos contra la salud pública, delitos relacionados con el mercado y los consumidores y falsedad documental

Redacción

Alicante |

Parte de la carne decomisada en las operaciones del SEPRONA
Parte de la carne decomisada en las operaciones del SEPRONA | Guardia Civil Alicante

La Guardia Civil de Alicante investiga a dos personas físicas y dos empresas por supuestamente haber distribuido alimentos en mal estado o con irregularidades en su trazabilidad en San Vicente del Raspeig y San Isidro. En total, se han retirado del mercado 40 toneladas, sobre todo carnes, que presuntamente habrían acabado en puestos de venta ambulante.

La investigación comenzó en abril cuando una unidad del SEPRONA realizó varias inspecciones para combatir el fraude alimentario, enfocadas en prácticas ilegales como la falsificación, adulteración, etiquetado fraudulento, comercio y distribución irregular.

Durante una inspección en una empresa de San Vicente del Raspeig, especializada en la producción de hamburguesas y kebabs, se detectaron varias irregularidades, como por ejemplo materias primas sin trazabilidad para identificar su origen, así como productos cárnicos y especias caducadas.

Además, se descubrió una nave relacionada con esta empresa que operaba de forma clandestina. En su interior, las cámaras frigoríficas contenían productos caducados que habían sido etiquetados con fechas falsificadas para extender su vida útil y comercializarlos. Algunos de estos alimentos llevaban presuntamente congelados más de dos años. Los productos intervenidos se destruyeron mediante un gestor autorizado.

Por su parte, en septiembre, una nueva inspección en un centro de almacenamiento de San Isidro reveló nuevas irregularidades en alimentos almacenados por una empresa de Alicante, relacionadas con la trazabilidad, el etiquetado y la caducidad.

Como resultado de estas actuaciones, se ha investigado a los propietarios de las dos empresas implicadas, dos hombres de 44 y 54 años, por presuntos delitos contra la salud pública, relativos al mercado, consumidores y falsedad documental.