La Policía Nacional de Alicante ha desmantelado un entramado dedicado a hacer contratos de trabajo y altas en la Seguridad Social falsas para regularizar a inmigrantes sin papeles. Éstos habrían pagado a la banda entre 2.500 y 3.500 euros por persona, por lo que el beneficio estimado para el grupo es de 980.000 euros.
La apertura de los expedientes de regularización con esa documentación falsa se produjo en oficinas de Extranjería repartidas por diversas provincias del país: Alicante, Murcia, Toledo, Huesca, La Coruña o Navarra.
En total se han realizado 110 detenciones; 83 hombres y 27 mujeres. También se investiga a ocho empresas utilizadas para llevar a cabo las contrataciones fraudulentas, y se ha detenido a nueve de sus administradores.
Los diferentes países de los que son originarios los detenidos son Argelia, Marruecos, España, Colombia, Ecuador, Bangladesh y Polonia. El cabeza de la banda es un hombre de 74 años de edad. La investigación ha durado dos años y medio, y ahora está en manos de un juzgado de Instrucción de Alicante.
Más de dos años de investigación
El inicio de la investigación se remonta a principios del año 2022. En aquel momento un ciudadano de origen argelino puso en conocimiento de la Policía Nacional que había abonado 3.500 euros a un "empresario" para que éste, a cambio, le proporcionase un contrato de trabajo ficticio y le diera de alta en la Seguridad Social.
Los contratos obtenidos por los ciudadanos extranjeros ilícitamente eran utilizados posteriormente para la solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales, en su modalidad de arraigo social. Con ello, por lo tanto, se podía conseguir regularizar la situación en España ilícitamente.
Al hilo de esta primera denuncia se localizaron, al menos, otras cuatro víctimas más, oriundas igualmente del país argelino, que del mismo modo habían pagado por contratos ficticios con diferentes empresas.
Siguiendo las pistas se pudo dar con el presunto cabecilla del entramado criminal y se comprobó que actuaba en connivencia con los administradores de varias empresas, por lo que valiéndose de la personalidad jurídica de éstas, vendía los contratos por cantidades comprendidas entre los 1.000 y los 6.000 euros a personas extranjeras irregulares. La organización se componía asimismo de otros individuos extranjeros que realizaban la función de intermediarios y se encargaban del proceso de captación.
