La ministra de Seguridad Social Elma Saiz acaba de poner sobre la mesa una reforma de las bajas laborales para que sean más “flexibles”, es decir, facilitar que un trabajador se reincorpore a su puesto de trabajo siempre que pueda. ¿Cómo se come esto? Pues no lo tengo muy claro porque, o bien estás apto para ir a trabajar, o bien no lo estás. Presupongo la buena voluntad de la ministra, y lo digo en serio. Imagino que ella se plantea el caso de ese trabajador que no puede asistir a su puesto de trabajo cojo, pero sí teletrabajar de forma alternativa.
Admiro la valentía de la ministra de Seguridad Social. No es fácil ser socialista y tirarse a los sindicatos en contra, pero lo cierto es que la polémica reforma es una respuesta a la situación actual. No sé si está dando en la diana o, al menos, apuntando a ella. Lo que sí constato es que la situación es tan preocupante que es capaz de poner en marcha una medida propia de un gobierno de derechas y con la que los sindicatos y los medios de comunicación amigos ya estarían llamando a una huelga general.
Sin embargo, a Elma Saiz no le dieron un ministerio para hacer populismo y, al menos, debemos reconocerle el valor de ver la realidad, algo que no siempre suele suceder en nuestro gobierno.
Tal como refleja un estudio elaborado por el exsecretario de Estado de Seguridad Social Octavio Granado y recogido por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el gasto en prestaciones económicas derivadas de situaciones de incapacidad temporal motivadas por enfermedad común ha crecido un 91,6%. Al mismo tiempo, el informe presentado por la Mutua Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), señala que el impacto de las bajas laborales al año equivale a que 1,1 millones de trabajadores no acudan ningún día a su puesto de trabajo, es decir, una media de 20 días de ausencia al año por trabajador. En este sentido, apunta que en 2023 las jornadas perdidas han aumentado un 62% con respecto a 2018.
No hace falta echar mano de estadísticas: todos vemos a nuestro alrededor a grandes profesionales que aman su trabajo, pero también a una creciente minoría que tiene tanta facilidad para ponerse de baja como para resfriarse. Como dice el refrán, “hecha la ley, hecha la trampa”. Es evidente que las condiciones de trabajo en el siglo XXI ya no gozan de la salud que tenían en el siglo XX, y ni qué decir en el siglo XIX. Ahora todo es más complicado y, el que más y el que menos, sufre depresión, ansiedad o acoso laboral. Luego te los ves desintoxicándose en el gimnasio o en alguna fiesta terapéutica, pero eso es parte del tratamiento.
No quiero ofender, amigos. Hay mucha gente que merece y necesita una baja. Está en nuestros derechos, pero llama la atención la facilidad con la que los médicos las otorgan evitándose problemas. De eso no tengo un estudio, pero siento que la responsabilidad tampoco está en sus manos, sino que forma parte del sistema. Es por eso que la ministra está intentando atajar la situación, de una forma acertada o no, pero lo intenta. Yo le propondría una medida valiente, pero justa: incentivos para aquellos trabajadores que hayan trabajado todo el año al completo. Otro gallo les cantaría a muchos. Esos mismos que pondrían el grito en el cielo y denunciarían al estado… por explotación laboral.
