Carcaixent ha acogido la reunión de la mesa de Agricultura para reconstruir el campo dañado por la riada. Entre los asistentes se encontraba el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, junto el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó; los consellers de Agricultura y Medio Ambiente, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado y el secretario de la Unió Llauradora, Carles Peris.
Este último ha manifestado el malestar de la UNIÓ ante las actuaciones que se están realizando puesto que hay aún muchas infraestructuras dañadas en el sector del cítrico y el del caqui que impide recoger las cosechas. Ha calificado de insuficiente la cantidad económica que entre el Estado y la Generalitat han destinado para los afectados.
Por su parte, el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, también ha hablado de la falta de organización y la necesidad de marcar una hoja urgente de recuperación. Aguado ha insistido en que hace falta más solidaridad y más soporte por las administraciones que han de paliar los daños estimados en más de 1400 millones de euros. Aguado lo tiene claro, “siempre son los mismos los que pagan el pato”.
El presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, también ha participado anunciando que una de las actuaciones que van a poner en marcha va a ser la contratación de un ejército de peritos para evaluar estos daños.
Y también estaba el presidente de La Generalitat, Carlos Mazón, quien ha explicado que ya son 88 los caminos despejados en 22 municipios diferentes para acceder a explotaciones agrarias afectadas. El presidente ha criticado la falta de ayuda por parte del gobierno y ha anunciado que, desde la Generalitat han destinado una segunda partida económica al sector agrícola de 20 millones de euros, unas ayudas directas al 100% sin burocracia para que lleguen lo antes posible. Esta nueva partida, sumada a las anteriores, suman un total de 51 millones de euros extraordinarios que se han activado desde la Consellería de Agricultura.
Mazón también ha anunciado esta mañana que aprovechará la Conferencia de Presidentes para proponer la elaboración de un plan nacional contra inundaciones que identifique como mínimo los treinta barrancos o encauzamientos con mayor riesgo de inundación y la puesta en marcha con carácter urgente de un fondo extraordinario de solidaridad ante catástrofes naturales de cualquier tipo que permita que los afectados reciban ayuda sin ningún tipo de dilación.
En esta misma reunión, la alcaldesa de Carcaixent ha solicitado reiteradamente al Gobierno de España que incluya al municipio en la lista de localidades afectadas por la DANA, como ya hizo el Consell de la Generalitat Valenciana mediante dos decretos. La exclusión estatal impide al sector agrario local acceder a ayudas fundamentales para paliar los daños ocasionados por las inundaciones.
Según la alcaldesa Carolina Almiñana, esta situación deja a muchos agricultores sin recursos esenciales, pese a que informes y organismos como la Cámara de Comercio de Valencia califican a Carcaixent como uno de los municipios más perjudicados.
