“Un juicio en el que el partido socialista intenta manipular la justicia y la opinión pública”. Así han coincidido los 7 letrados de la defensa del caso PIAF cuya vista oral se ha abierto esta mañana en la Audiencia Provincial de Castellón. Esta causa sienta en el banquillo de los acusados al que fuera alcalde de Vila-real entre 2007 y 2011, Juan José Rubert, y a su exconcejal de Obras Públicas, Ramón Tomás, ambos del Partido Popular.
Se les acusa, junto a un técnico del ayuntamiento la ciudad, y 4 trabajadores de la empresa PIAF, que realizaba trabajos de mantenimiento de las dependencias municipales, de delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad en documento mercantil por unas facturas por valor de 600.000 euros.
Hoy las defensas han reiterado que la aceptación de facturas sin el visto bueno del interventor es una práctica habitual, incluso del alcalde actual José Benlloch, que dicen, "intenta sacar rédito político de esta causa"como ha expresado el abogado del técnico municipal acusado, José Antonio Casany.
El fiscal ha pedido la absolución de los acusados, ya que no hubo perjuicio económico porque las facturas no llegaron a pagarse, mientras que la acusación particular, que ejerce el propio Ayuntamiento de Vila-real, solicita 9 años y 10 meses de prisión para Rubert y Tomás, también su inhabilitación por 26 años para ejercer un cargo público y una indemnización a la ciudad.
El juicio se prolongará hasta el día 28 de enero. Hoy han declarado los 4 integrantes de la empresa PIAF.
