El President de la Generalitat, Ximo Puig, y la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, han firmado un protocolo de intenciones que permitirá la rehabilitación y utilización conjunta del edificio de los antiguos juzgados de la plaza Juez Borrull de Castellón. Éste albergará, entre otras dependencias, los servicios sociales de ambas administraciones.
El acuerdo entre ambas supone poner el patrimonio al servicio de la ciudadanía, según ha indicado el jefe del Consell, que ha explicado que la actuación se realiza “desde la perspectiva de la rehabilitación”, que es también una de las “líneas estratégicas” del Gobierno valenciano. El protocolo incorpora el compromiso de la Generalitat de aportar el inmueble, valorado en más de seis millones de euros, y de efectuar la transmisión de la propiedad a favor del ayuntamiento a través de la fórmula jurídica que se defina mediante un convenio.
La Administración autonómica se encargará además de elaborar el proyecto de rehabilitación del inmueble, a través de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en el que se tendrán en cuenta las aportaciones efectuadas por el Ayuntamiento. Asimismo, esta conselleria también asistirá en la dirección y ejecución de la obra de rehabilitación del inmueble.
Por su parte, el Ayuntamiento de Castellón se hará cargo de la contratación y financiación de las obras de rehabilitación, cuya dirección facultativa también asumirá. También se encargará de efectuar la declaración de obra nueva y la división horizontal de la propiedad a favor de la Generalitat en la parte proporcional que le corresponda, una vez finalizada la obra y en función de la aportación realizada finalmente por cada parte.
