La vicealcaldesa y concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Castellón, Ali Brancal, ha participado este lunes en la constitución del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, que ha estado presidida por el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Dicho pacto pretende dar solución al conflicto político y social que supone en la actualidad el terrorismo machista, con la finalidad de sacarlo de la "agenda partidista", en la misma línea que las actuaciones que lograron "vencer al terrorismo de ETA". Para Brancal éste es “el primer paso para la necesaria coordinación entre todas las administraciones que intervienen y la sociedad civil. Desde el Ayuntamiento de Castellón comenzaremos a elaborar un Plan Integral contra la Violencia en el que contaremos con la participación de la ciudadanía, las entidades que trabajan en la prevención y atención, las administraciones públicas y los cuerpos y fuerzas de seguridad”.
La vicealcaldesa también ha destacado que la constitución del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista “supone un compromiso firme para avanzar y romper los muros que invisibilizan la violencia de género como algo privado y socializarlo como un problema político y social que nos afecta a todas y todos como sociedad”. La titular de Igualdad en el Ayuntamiento de Castellón ha recalcado que “se trata de manifestar nuestro compromiso para luchar conjuntamente contra la violencia machista. Es necesario que toda la sociedad se comprometa en esta lucha y que las diferentes administraciones nos coordinemos”. Por ello, el President de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, han agradecido la colaboración de entidades públicas y agentes políticos sociales, económicos, cívicos y culturales presentes en la constitución de este pacto, que el jefe del Consell ha definido como "muy significativo" para la agenda política valenciana.
Tanto la vicepresidenta, como el President de la Generalitat han hecho hincapié en que 22 mujeres han sido asesinadas en España en los primeros meses de 2017 víctimas de la violencia de género. Por este motivo, Puig ha remarcado que erradicar el terrorismo machista es "más que nunca el primer objetivo" del Gobierno valenciano. Para combatir este conflicto, se debe actuar través de la educación, de una política global y de una gestión mayor y más eficiente, según el jefe del Ejecutivo valenciano, aunando, a su vez, la voluntad de todas las administraciones y del conjunto de la sociedad civil. "Es necesario un esfuerzo aún mayor" ha reivindicado Puig.
La vicepresidenta del Consell ha destacado, además, que la constitución de la primera convocatoria del Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista tiene que servir de "ejemplo y guía" para un acuerdo estatal contra la violencia de género, que han reclamado al Gobierno de España todos los presidentes autonómicos. El pacto valenciano, en concreto, está integrado por 73 representantes de las administraciones públicas y de agentes políticos sociales, económicos, cívicos y culturales, que trabajarán en mesas sectoriales y cubrirán todos los ámbitos sociales para configurar una agenda que dé cabida a "toda la inteligencia colectiva" de la sociedad valenciana.
Durante la reunión se ha aprobado la metodología y calendario del Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista para los próximos meses, con el principal objetivo de combatir y prevenir la violencia de género, además de conseguir una recuperación integral de las mujeres que sufren y han sufrido el terrorismo machista, con mayor eficacia y eficiencia.
En concreto, las líneas estratégicas desarrolladas por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en las que trabajarán los diferentes grupos sectoriales del Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista son: garantizar una sociedad libre y segura contra la violencia de género, feminizar a la sociedad, coordinar el trabajo en red para la atención de mujeres víctimas de violencia machista y de sus hijos e hijas, así como la sociabilización para que este tipo de violencia sea concebido como un conflicto político y la dotación de un presupuesto estable con medidas para poder desarrollar e implementar los objetivos consensuados.
