"Nosotros queremos vivir en paz", asi se muestra Juanjo Agost, vecino de Torre la Sal, tras conocer que la Dirección General de la Costa y el Mar, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, haya comenzado a notificar a los propietarios del poblado marítimo de Cabanes, la desestimación de los recursos de alzada presentados contra la resolución de Costas de 2021 en la que se acordaba la recuperación posesoria de las viviendas levantadas en esta zona del litoral por estar en dominio público marítimo-terrestre.
Los propietarios han comenzado a recibir las notificaciones de rechazo por parte del Gobierno de España a sus recursos. La decisión pone fin a la vía administrativa y solo deja a los propietarios de las viviendas la posibilidad de acudir a la vía judicial para impedir el desahucio.
Acciones legales contra el Ministerio
Los residentes del pueblo costero de Torrelasal están evaluando la posibilidad de emprender acciones legales contra el Ministerio de Medio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Después de tres años sin recibir respuesta a sus alegaciones, han sido notificados para que desalojen sus viviendas sin recibir ninguna compensación económica.
Además, se les exige asumir los costos del derribo de 60 casas, edificadas hace más de un siglo, las cuales cuentan con toda la documentación en regla: escrituras, registros y pagos de impuestos al día. Los vecinos denuncian que esta medida, promovida por la propia administración, es ilegal y vulnera sus derechos. Los habitantes de Torre la Sal disponen de un plazo de dos meses para recurrir a la justicia en un intento de preservar este histórico poblado marinero, ubicado en Cabanes.
