La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, ha solicitado una reunión con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y exige al Gobierno soluciones “urgentes” para proteger el litoral de la provincia de Castellón.
El pleno ordinario correspondiente al mes de marzo que se celebrará hoy martes 26 en la Diputación Provincial, incluye una moción presentada por el Gobierno Provincial en defensa del litoral en la que solicita una reunión con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en la que la primera presidenta de la Diputación de Castellón pueda trasladar en primera persona las necesidades de la costa de la provincia.
Barrachina lamenta que el Gobierno central siga sin acometer las obras de protección que necesita el litoral de la provincia de Castellón y asegura que la regeneración de la costa de la provincia es urgente, además, ha dicho, la no aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado “dificulta, todavía más, que esas ayudas necesarias y más que reclamadas, lleguen a la provincia de Castellón”.
Fue entre 2015 y 2016 cuando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presentó las Estrategias para la protección de la costa y contra la erosión del litoral de las cinco zonas que se identificaron como las más afectadas por la regresión, así como la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española. Dentro de esas estrategias se incluyó el tramo de costa entre los puertos de Castellón y Sagunto pero, a día de hoy, no se ha actuado.
Asimismo, la primera presidenta de la Diputación lamenta que la modificación del Reglamento de la Ley de Costas “que se ha aprobado sin alcanzar consenso”.
A través de esta moción, la administración provincial también va a instar al Gobierno de España a ejecutar, con urgencia, todas y cada una de las actuaciones programadas en la Estrategia de protección de la Costa aprobada en 2015 para el tramo comprendido entre el Puerto de Castellón y el Puerto de Sagunto.
El texto también exige que se reforme la vigente Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas para mejorar la conciliación entre la protección del dominio público marítimo terrestre con los derechos consolidados de los ocupantes y el reconocimiento del valor etnológico, cultural e histórico de los núcleos de población tradicionales .
