Castelló de la Plana es percibida como una ciudad segura, según se desprende de la I Encuesta de percepción de seguridad y victimización. Castellón 2023 realizada por la Clínica Jurídica y Criminológica de la Universitat Jaume I, en la que se explica que el 11,3% de las personas encuestadas perciben la ciudad como un lugar totalmente seguro, con una calificación de cinco sobre cinco, y un 46,2%, la consideran segura con un cuatro. El porcentaje de inseguridad, calificación de uno y dos,solo es manifestado por el 10,3%.
Desglosada por barrios, los datos revelan que las zonas con mayor sensación de seguridad son la zona sur y centro, con un 3,6 sobre 5; después las zonas este, norte y oeste, con un 3,5; y finalmente el Grau con un 3,4. Las zonas consideradas más inseguras serían el Parque Ribalta (36,9%); el barrio de San Lorenzo (27,2%), la Guinea (20,4%), el Parque del Oeste (5,8%) y el Grupo San Agustín (3,9%).
En cuanto a las situaciones que generan más inseguridad, las más mencionadas son el robo con violencia (18%), las agresiones sexuales (15,5%) y los robos en domicilios (15%) y los que menos, el terrorismo (3,5%) o la corrupción (2%). Y los delitos que se perciben como más frecuentes en la ciudad serían contra el patrimonio, hurto (33,5%) y robo (38,8%), el maltrato en el ámbito familiar (11,3%), las lesiones (6,8%) o las agresiones sexuales (5,8%).
Los factores que las personas encuestadas identifican como causa de la percepción de inseguridad en la ciudad serían la escasa presencia policial (16,1%), la inefectividad del sistema judicial (15,8%), el aumento de la pobreza (15,6%), el estado descuidado de algunos barrios (15,1%) o el tráfico de estupefacientes (14,8%) y las causas de la delincuencia serían la falta de valores inculcados por la familia (18,6%), el mal funcionamiento del sistema judicial (18,1%), el consumo de drogas (17,3%) o el desempleo (15,3%).
Respecto al número de delitos, solo una cuarta parte de los encuestados indica haber pedido la intervención de los cuerpos de seguridad del Estado durante 2023 y el 14,3% indica haber experimentado un delito durante el mismo periodo. Sin embargo, el 40,7% indica que sí que conoce familiares o amistades que han sufrido algún delito, mayoritariamente hurto (40,4%), agresión física (14%), robo con fuerza (12,3%) o cibercrimen (10,5%).
DENUNCIAS
La mayor parte de las víctimas presentaron denuncia policial o judicial y seis de cada diez lo hicieron ante la Policía Nacional. Quienes no lo hicieron, alegan como principal motivo que "denunciar no tiene utilidad" o que "el hecho no tenía importancia", pero el 19,2% asegura que no lo hacen por miedo y el 3,8% por el tiempo de espera en las instalaciones oficiales.
El informe también incluye una valoración de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Los resultados muestran que la Policía Nacional es la mejor considerada cuando se refiere a la protección de la ciudadanía o la atención a las víctimas de un delito, mientras que la Policía Local es la mejor valorada cuando se trata de la resolución de conflictos privados o para hacer frente a las molestias causadas por ruidos de todo tipo.
La valoración de la actuación de la Policía Local por barrios sitúa a las zonas centro y sur -que son las que tienen una percepción de mayor seguridad- como las menos satisfechas con el cuerpo de seguridad municipal, con una puntuación de 3. En contraste, las zonas este y norte presentan una satisfacción ligeramente mayor, un 3,1. Y los barrios más satisfechos serían la zona oeste y el Grau, con un 3,2.
Para hacer el cuestionario se ha tenido en cuenta las preguntas que incluye el estudio de seguridad ciudadana y victimización del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y una anterior encuesta realizada por el mismo equipo investigador en la ciudad de Ibiza. La muestra, de 400 personas, contempla una representación de los barrios (27) en los siete códigos postales y diferentes grupos de edad -a partir de 18-. En los resultados hay una representación mayor de jóvenes entre 18-29 años y más mujeres que hombres -el porcentaje es mayor poblacionalmente-.
El informe ha sido dirigido por el profesor Esteban Morelle-Hungría y Jacqueline Carvalho da Silva y Anna Raiga i Vives, como coordinadoras; integrantes de la Clínica Jurídica y Criminológica de la UJI, con la participación de Gonzalo Remolí López, Pere Romero Ortolà, Eduardo Giménez Ruiz y Amanda Pérez Silvestre, y estudiantado del Grado en Criminología y Seguridad de la Universitat Jaume I de Castellón.
