Fiscalía considera probado que el acusado por manipular el censo en Cabanes cometió un delito de falsedad documental.
Por ello y, tras la declaración de 12 testigos durante la mañana de hoy, pide 9 meses de prisión, la inhabilitación durante el tiempo de condena y una multa diaria de 10 euros durante 7 meses para el acusado. La defensa, por el contrario, pide 3 años de cárcel.
Los hechos, que se remontan a finales de 2007, han llevado hoy a 12 testigos ante los juzgados de Castellón. Se encuentran entre estas personas 7 empadronados en la localidad de Cabanes y todos han negado acordarse de donde vivían ni con quién en esa etapa, afirmando que "hace demasiado tiempo que han sucedido los hechos y tienen lagunas de si han o no residido en Cabanes". El acusado, además, ha alegado que durante esa época vivía dificultades en su matrimonio y tuvo problemas con el alcohol.
Los empadronamientos fueron denunciados por el concejal del municipio Carles Mulet, al darse en año electoral. Según Mulet, el ahora exalcalde del PP de la localidad, Artemio Siurana, pudo aprovecharse del aumento del censo para ganar las elecciones con mayoría absoluta.
Y aunque Fiscalía no admitió a trámite el fraude electoral, sí se ha juzgado hoy al acusado de empadronar de manera indebida a gente que no residía en el municipio.
El abogado de la acusación aseguraba que eran 180 personas empadronadas de manera irregular, aunque los hechos que se juzgaban apuntaban a una minoría: los hechos juzgados hoy eran sobre el empadronamiento de 7 personas en una misma vivienda, que además había sido declarada como inhabitable por la Guardia Civil.
Además, una de las testigos ha alegado que el acusado falsificó su firma y modificó su censo sin su consentimiento algo que la ha llevado a perder ayudas oficiales en su verdadera localización.
Reconoce además que el acusado y otro testigo, que no se ha presentado al juicio y ha sido declarado ilocalizable, le llamaron antes que el juzgado para advertirle de que iba a ser llamada por las autoridades. Le pedían que no dijese que el empadronamiento fue en contra de su voluntad.
Mulet cree que los responsables querían impedir que su formación evitase algunas inversiones importantes que se iban a llevar a cabo en la localidad y a las que ellos como partido se oponían. Ha lamentado que finalmente el juicio se celebre atendiendo a las falsificaciones de las firmas pero "no desde el punto de vista del delito electoral". Ya que según el senador de Compromís, personas que no habían residido en el municipio "ni un solo día", acudieron a votar en las municipales.