La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Castellón solicita 12 años de prisión para el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Todo en la causa abierta por supuestamente ocultar su patrimonio para impedir la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales, al que acusa de insolvencia punible y de frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y delito continuado de cohecho.
Además, el ministerio público pide para el exdirigente del PP multas que suman más de 3 millones de euros, así como la suspensión para empleo o cargo público por 3 años.
Así mismo, el fiscal considera cooperadores necesarios del delito de insolvencia a la mujer de Carlos Fabra, María Desamparados Fernández; a dos de sus hijos -Borja y Claudia-; a su yerno Fernando Castro; a su testaferro Alejandro Lorca; y a los empresarios Fernando Roig Alfonso -presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF-, Miguel Pérez Ferrer y Fernando Roig Negueroles, para los que solicita entre 3 años y diez meses y 6 años de prisión.
El ministerio público señala que la aparente situación de penuria económica en la que aparece Carlos Fabra es "notablemente discorde" con el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo que en el periodo comprendido entre 2007 y 2017 consta haber utilizado.