El juzgado de instrucción número 5 de Castellón ha acordado la apertura de juicio oral a los 9 acusados por la difusión del bulo del bar España por, entre otros, delitos contra la integridad moral, calumnias e injurias. También será juzgado el editor de un periódico digital, que deberá comparecer como responsable civil.
El auto establece requerir a los acusados y responsables civiles para que presten fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse, que se fijan en 2.400.000 euros, de los que deberán responder conjunta y solidariamente todos, más 26.666 euros, de los que responderán dos de los acusados.
El juzgado de Instrucción número 5 de Castellón acordó en marzo de 2021 abrir procedimiento abreviado contra ocho investigados por la difusión del bulo del Bar España, al considerar que existen indicios racionales de delitos contra la integridad moral, contra la administración de justicia, contra el honor y delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución.
Además, se abrió dicho procedimiento también contra otro investigado como responsable civil, y se declaró extinguida la acción penal contra otros dos por haber fallecido. Dicho auto fue modificado posteriormente para incluir a dos personas respecto a las que hubo un sobreseimiento provisional de la causa ya que no habían sido localizadas en un principio, mientras que otro de los investigados que aparecía en el primer auto falleció, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El auto indicaba que, de la investigación llevada a cabo y de las diligencias practicadas, hay indicios de que, al menos desde 1998, varias personas han sido objeto de continuas informaciones falsas aparecidas en distintas páginas, blogs y canales, relacionándoles con una organización de corrupción mafiosa, política, judicial y de pederastia relacionada con reuniones mantenidas por los mismos y hechos atroces cometidos por ellos, "todos ellos rotundamente falsos".
Así, se señalaba que los perjudicados han sido objeto de una permanente campaña de acoso y desprestigio público mediante la formación de imputaciones delictivas y denuncias falsas dirigidas de forma organizada y consecutiva a distintas instancias jurídicas, lo que ha dado lugar a diversos procedimientos judiciales.
Añadía que se trata de una actuación orquestada bajo la dirección de una persona ya fallecida y condenada por un juzgado como autora de un delito de acusación y denuncia falsa, con una "permanente y necesaria" colaboración en cada caso por cada uno de los encausados, que se han ido sumando a la finalidad perseguida de actuar de forma infamatoria contra los perjudicados, "atentando gravemente contra su integridad moral e instigando artificialmente un odio contra sus víctimas, afectando a su honor".
Entre los perjudicados por estos hechos se encuentran el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra; y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.
