El Juzgado de Instrucciíon número 1 de Castellón ha dictado auto, con fecha de este jueves, por el que acuerda el sobreseimiento provisional de las Diligencias Previas 1689/2017 -que se siguen por delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y prevaricación-, conocidas como 'Caso Subdelegación', para un total de 26 investigados.
Estas personas son en su mayoría empresarios y comerciantes que actuaban como proveedores de bienes y servicios para la Subdelegación del Gobierno, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El Juzgado ha acordado archivar provisionalmente la causa para ellas al entender, a partir de las diligencias de instrucción practicadas, que no existen suficientes indicios racionales de criminalidad.
El magistrado instructor entiende que no ha quedado suficientemente acreditado que estos proveedores actuaran en connivencia con los principales investigados -dos exempleados de la Subdelegación del Gobierno- con ánimo doloso para facilitar, cooperar o participar en los delitos que se están investigando.
En estas diligencias previas continúan como investigadas otras siete personas. Además, el juzgado tiene abiertas dos causas -también en fase de diligencias previas- que se formaron en 2021 tras deducir testimonio de la causa original en las que figuran como investigados respectivamente los exsubdelegados del Gobierno David Barelles (PP) y Antonio Lorenzo (PSOE).
