Sé que la mayoría de ustedes estarán hasta la coronilla de la amnistía y la movida que se ha generado con el pacto entre el PSOE y Junts.
Sé que han debatido e incluso discutido en el trabajo, con los amigos en el almuerzo del sábado y con la familia en la paella de ayer.
Sé que nos hemos tragado las noticias de los flecos del acuerdo que están ultimando en Bruselas, en Barcelona y en Madrid los negociadores y los especialistas jurídicos tanto del PSOE y Junts, como de Moncloa y de las Administraciones del Estado. Porque saben que no solo van a tener que capear el temporal de la opinión pública, sino el de los jueces y magistrados de este país que, al margen de si son progresistas, centristas o conservadores, coinciden en la grave intromisión del Gobierno de Pedro Sánchez en sus competencias
Por eso sé que alguno tendrá ahora mismo la tentación de pasarse a Europa FM o, peor, dar al off de la radio.
Pero la realidad es que, a ustedes, como a mí, es un tema que nos incumbe y nos preocupa muchísimo, al margen de que podamos estar o no de acuerdo con las consecuencias que va a tener este pacto tanto en España como en la provincia de Castellón.
Y nos incumbe porque este acuerdo sí que cambia notablemente las reglas del juego y certifica de forma indudable la existencia de ciudadanos de primera y de segunda categoría… o de tercera, porque las cesiones legales y económicas de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes van a condenar a la provincia de Castellón a retrasar aún más de la salida del ostracismo al que nos empezó a condenar el reparto económico por territorios aprobado por el también socialista Rodríguez Zapatero hace ya década y media.
El tema económico realmente nos perjudica muchísimo en esta provincia, porque los 15.000 millones de euros que entre todos vamos a pagar a Cataluña lastrarán nuestras expectativas de que tengamos una financiación la legislatura que la semana que viene empezará. Y ya verán como habrá más condonación de deuda al independentismo catalán, y vasco, cada vez que Pedro Sánchez tenga que aprobar los Presupuestos Generales del Estado.
Pero lo que realmente me parece grave y que consolida la España de la desigualdad legal es la amnistía. Esta sí que distingue entre españoles de primera y de segunda. Es un segundo paso, y realmente grave, tras el primero dado hace unos meses para rebajar el delito de malversación de dinero público, también para contentar al independentismo.
Estos mal llamados progresistas, porque realmente son reaccionarios en sus formas, están acostumbrados a utilizar nomenclaturas molonas para poner nombre a sus acuerdos. Ahora se han sacado el ‘lawfare’ de la chistera, que no viene sino a justificar la decisión de Pedro Sánchez de saltarse el poder judicial para decidir él qué es delito y qué no lo es… una vez consumado el delito y según quien lo cometa.
Este concepto anglosajón tiene mucho más glamour y es más cool que decir que el PSOE ha admitido las tesis de los independentistas catalanes de que lo que han sufrido esta última década es un ataque constante por parte del aparato del Estado mediante la judicialización de la vida política.
En romano paladín quiere decir que ahora Pedro Sánchez y el PSOE admite como verdad irrefutable que se han utilizado los tribunales de forma torticera para impedir a Puigdemont, Junqueras, Borrás y compañía hagan política.
Vamos, que el uso de dinero público para celebrar un referéndum ilegal, que la quema de vehículos públicos y particulares, que el destrozo de locales y mobiliario urbano, que el corte de calles, carreteras y aeropuertos, que las amenazas a personas contrarias a la independencia y que las agresiones a las fuerzas del orden, ahora resulta que fueron legales y que fueron simplemente una acción política.
Que se lo digan a los vecinos del área metropolitana de Barcelona, que están pagando todos los años el nuevo impuesto que les cascaron después del Procés para pagar todos los perjuicios económicos generados por los mismos que ahora se considerarán represaliados.
Vamos, el mundo al revés.
Me imagino que también considerarán la amnistía para las bestias pardas que estos días se han dedicado a hacer barbaridades y causar destrozos aprovechando las manifestaciones en las plazas Castellón y del resto de España en contra de la amnistía y de todas las concesiones al independentismo para que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente de todos nosotros… ya veremos si cuatro años más.
Yo, desde luego, creo que los que la hicieron en Cataluña lo deben pagar, igual que todos los que la estén haciendo ahora al amparo de estas manifestaciones antiamnistía también deberían pagarlo.
Pero… ¡Qué quieren que les diga! Esto es la democracia y es lo que hemos votado entre todos. ¡Qué pena!
De todas formas, no hagan mucho caso… que es solo mi opinión.
