Ayer se cumplió un año de la aprobación de la ley de vivienda que impulsó Pedro Sánchez con sus socios de Gobierno de entonces… que son los mismos de ahora.
Y, al igual que sucedió con la ley del ‘Sólo sí es sí’, su implantación ha tenido “efectos indeseados”, que dijeron por entonces el presidente del Gobierno y sus socios de Podemos.
Al presidente del Gobierno le costó muchos meses rectificar y apoyarse en un aliado, aunque indeseado, como el PP, para cambiar esa infame ley que cada día sacó a la calle a condenados por maltratadores o, peor aún, asesinar a mujeres.
Pues ya veremos cuando tarda en modificar esta ley de la vivienda. Porque después de un año en funcionamiento, sus efectos indeseados son que los castellonenses tienen menos viviendas a su disposición para alquilar y, además, las que sí están en alquiler, lo están a un precio mucho más caro que hace un año.
Sin ir más lejos, desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias reclaman a todas las administraciones que actúen con responsabilidad y sin ideología ante la crisis habitacional más grave de los últimos 50 años y, tras la Ley de Vivienda, calculan un retroceso del parque de alquiler del 30% y un alza de precios del 12%. Y, mientras tanto, el parque de viviendas en alquiler en la provincia desciende más de un 15% y el precio de cada vivienda alquilada ha subido un 10% en apenas un año. El porcentaje de ingresos de los hogares necesario para acceder a una vivienda creció hasta el 34,5% en el caso del alquiler.
La falta de oferta, unida a una alta demanda y el consiguiente incremento de los precios, son la causa de que este esfuerzo haya repuntado en el último año. Hace falta dedicar más del 30% de los ingresos familiares para el pago del alquiler. Y es que los expertos alertan de que la cosa irá a peor ante la falta de seguridad en el mercado y la responsabilidad impuesta a los propietarios de no perjudicar a inquilinos.
Las medidas tomadas por el Gobierno de limitación del incremento de las rentas frente al IPC y de extensión de la medida populista y temporal de prohibir los desahucios de colectivos vulnerables, ha venido a profundizar, en mayor medida, en la sensación de inseguridad jurídica y de hostilidad hacia la inversión privada, que no augura una evolución favorable de este mercado.
Lo cierto es que legislar de espaldas a los propietarios acaba destruyendo el mercado. Las medidas adoptadas en materia de alquiler han trasladado la oferta del alquiler permanente al alquiler de temporada, una fórmula perfectamente legal, pero que viene a dificultar aún más el acceso a la vivienda de las personas y las familias más desfavorecidas.
Ante esta grave situación, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y sus socios sigue sin sacar apenas un cinco por ciento de toda la vivienda social que anunció en plena campaña electoral y que se iban a contar casi por cientos de miles. Porque de las hasta 184.000 viviendas que Pedro Sánchez fue prometiendo a diestro y siniestro, lo cierto es que apenas se ha comenzado a tramitar algo más de 9.000 desde julio del año pasado.
El proceso ha acabado atascado y sin demasiados avances en estos últimos diez meses. Por ejemplo, el Gobierno todavía no ha movilizado ni un céntimo de los 4.000 millones de euros que iba a destinar de los fondos europeos del Plan de Recuperación para la construcción y rehabilitación de hasta 43.000 viviendas públicas y privadas destinadas al alquiler social.
¡Hay que joderse! ¡Para este viaje no hacían falta alforjas!
Si la consecuencia de esta ley progresista y guay solo ha servido para consolidar los ‘derechos’ de los okupas y de aquellas personas que, pudiendo, ahora deciden no pagar la renta porque saben que no Dios que les eche, ya están haciendo tarde… un año hasta ahora y sumando. Y, para colmo, hace apenas unos días ha tenido que retirar su propuesta de ley del suelo por falta de apoyos parlamentarios… ¡sobran las palabras!
En la provincia de Castellón muchos propietarios de segundas viviendas han aprovechado que cada vez nos visitan más personas tanto del resto de España como de Europa para buscar refugio en los pisos turísticos. Es una fórmula para obtener ingresos de manera menos regular, pero mucho más segura que con los alquileres tradicionales.
Precisamente por eso están planteando desde el Gobierno un mayor control de este tipo de viviendas para, entre otras cosas, evitar el mercado negro del alquiler. A mi me parece perfecto, tanto por que esos ingresos tributen adecuadamente, como por que de esta forma también habrá mayores garantías para las dos partes del negocio.
De todas formas, no hagan mucho caso… que es solo mi opinión.
