El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló ha presentado, para su aprobación en el pleno ordinario del jueves 31 de octubre, una propuesta de declaración institucional para reprobar a Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat, por el comportamiento “impropio e indigno de quien ostentaba la más alta magistratura del gobierno autonómico tras ser condenado a prisión por corrupción tras conocerse recientemente una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia”.
Patricia Puerta, portavoz socialista, ha señalado que, “ante hechos tan graves como los recogidos en el citado fallo judicial, considerábamos fundamental que el ayuntamiento se posicionase, pero ya hemos visto que el gobierno de PPVox liderado por Begoña Carrasco ha decidido vetar el texto, para vergüenza de todos los y las castellonenses”.
En la declaración institucional el PSPV, en la que se pedía la reprobación tanto por parte del consistorio municipal como del pleno de les Corts Valencia y del Consell, se instaba a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Castelló a la “imprescindible retirada de todo tipo de galardón, distinción o reconocimiento concedido por la Generalitat al expresidente Eduardo Zaplana, así como de cualquier placa conmemorativa u honorífica, de obras y/o inauguraciones, en su favor, al igual que las otorgadas a cualquier otro responsable público condenado por delitos vinculados con la corrupción”. Todo ello “para contribuir al restablecimiento de la confianza en los poderes públicos y para mantener la necesaria dignificación de los máximos galardones de la Generalitat”.
La Audiencia Provincial de Valencia, en una sentencia unánime de los miembros del tribunal hecha pública el pasado 15 de octubre, condenó a Eduardo Zaplana a 10 años y cinco meses de cárcel y al pago de una multa de 25 millones de euros como “criminalmente responsable” de los delitos de prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo de capitales, al considerar probado que percibió millonarias comisiones ilegales, que ocultó en cuentas opacas en el extranjero, por amañar la adjudicación en 1997 de uno de los lotes del servicio privatizado de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana. Esta adjudicación, junto con los derechos sobre el Plan Eólico, permitió a las empresas beneficiarias embolsarse unas plusvalías de 86,5 millones, de los que 38 millones correspondieron a las ITV, materializados con la venta de las acciones en noviembre de 2004. Unos beneficios que nutrieron el pago de las mencionadas comisiones ilegales y que fueron posibles porque los valencianos y las valencianas soportaron el servicio de ITV más caro de España.
A estas circunstancias se añade el hecho de que el expresidente Eduardo Zaplana recibió en 2002 el mayor galardón que concede anualmente la Generalitat con ocasión de la conmemoración del 9 d’Octubre, la Alta Distinción. Un reconocimiento que, en virtud del Decreto 28/1986, de 10 de marzo, del Consell, sirve para “premiar a personas físicas o jurídicas que se hayan distinguido en su actividad al servicio de los intereses generales y peculiares de la Comunidad Valenciana”.
