El golfista Sergio García ha expresado hoy, después de declarar como investigado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón por presuntos delitos societarios relacionados con la adquisición de terrenos de Golf del Mediterráneo SA por Golf Borriol SL, su confianza en que la causa sea archivada. García, que se mostró "tranquilo" y afirmó no tener "nada que ocultar", comentó a los medios en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Castellón, donde este jueves que ha comparecido ante la jueza.
Cuando se le preguntó si cree en la posibilidad de que se archive la causa y no se celebre juicio, García indicó que no puede predecir las acciones futuras, pero confía en que se produzca el archivo. En esta causa también se investiga al padre de Sergio García, Victoriano Garcia y al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, quienes ya declararon el 19 de octubre.
Causa abierta: posibles delitos societarios
El Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló ha reabierto el caso en respuesta a una denuncia presentada por dos socios de Golf Mediterráneo SL contra nueve miembros del Consejo de Administración de la empresa, incluido el exmandatario del Partido Popular, Carlos Fabra.
Las diligencias iniciales se iniciaron en julio de 2016 tras una denuncia que alegaba posibles delitos societarios relacionados con un acuerdo del Consejo de Administración de Golf Mediterráneo SL. Este acuerdo permitió a Golf Borriol SL, empresa vinculada a la familia del golfista Sergio García, adquirir terrenos del campo de golf de Borriol por 425,000 euros, mientras los denunciantes sostenían que su valor real ascendía a 9.6 millones de euros.
En mayo de 2017, el juzgado decidió archivar provisionalmente la investigación, una decisión que fue respaldada por la sección primera de la Audiencia Provincial en noviembre de 2017, argumentando la falta de indicios de los delitos denunciados.
Sin embargo, con la inclusión de un informe policial en la causa que investiga el patrimonio de Carlos Fabra, la Fiscalía solicitó la reapertura de las diligencias. En noviembre de 2020, el juez acordó reabrir el caso y llevar a cabo las investigaciones adicionales solicitadas por la Policía en su informe.
