Castelló, 19/12/2024.- Los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Castelló, València y Alicante rechazan las medidas incorporadas en la recientemente aprobada Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de simplificación administrativa (Plan Simplifica) de la Generalitat Valenciana respecto a las modificaciones introducidas en materia de Servicios Sociales. En un comunicado conjunto, los tres colegios profesionales alertan de una modificación sustantiva en la legislación de Servicios Sociales que supone un riesgo de precarización de los servicios esenciales y un retroceso de derechos tanto en las condiciones laborales de las personas profesionales como de las personas usuarias.
Desde los tres COTS valencianos han manifestado su preocupación sobre el posible avance hacia una “privatización indirecta” de los Servicios Sociales y en concreto a que ésta se abra paso en servicios esenciales como la dependencia o la atención a víctimas de violencia de género, “que deben estar en manos de lo público para evitar hacer negocio con las personas más vulnerables de la sociedad”. El nuevo texto legal también permite la privatización de los servicios de mantenimiento de las infraestructuras de Servicios Sociales, y recorta derechos de las personas profesionales, anulando la norma actual, que exige que las personas adscritas a centros, servicios o programas de Servicios Sociales con carácter permanente cuenten con contratos indefinidos.
Por otro lado, los cambios introducidos duplican la capacidad máxima permitida de las residencias de personas mayores, pasando de 75 plazas en zonas de baja densidad de población a 150 plazas para las nuevas residencias indistintamente de dónde se ubiquen, y reducen la plantilla, disminuyendo en una tercera parte las ratios de personal que atienden a estas personas. El análisis profesional de los colegios oficiales es que “no podemos volver a la situación que se puso de manifiesto con la crisis del covid-19, en la que cientos de personas mayores murieron en residencias por no tener condiciones adecuadas de aislamiento y carecer de ratios profesionales suficientes para acompañarlas”.
La profesión de Trabajo Social en la Comunitat Valenciana manifiesta que se siente “atónita” ante la decisión del Gobierno Valenciano de aprovechar una Ley de simplificación administrativa “para introducir medidas que no tienen nada de simplificación administrativa, sino que suponen un recorte en los derechos de las personas usuarias y profesionales y supone una precarización de servicios esenciales”.
Por ello, instan a la administración autonómica a que ponga la mirada en las personas usuarias del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales en primer lugar y no en el tejido empresarial, que es necesario, pero para atender las necesidades reales de la población, que pasan por incrementos de plantillas, estabilidad en el empleo y atención centrada en la persona con el menor ánimo de lucro posible.
