LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders informa que únicamente hay 17 mujeres inscritas en el registro de explotaciones de titularidad compartida en la Comunitat Valenciana, según los datos disponibles a fecha de hoy.
La gran mayoría, un total de 13, son de la provincia de Castellón, 2 de la de Valencia y 2 de la de Alicante. Los datos contrastan con los de otras comunidades autónomas como Castilla y León, donde hay registradas 404 mujeres o Castilla La Mancha que cuenta con 232.
Para tratar de revertir esta situación, LA UNIÓ propone que se mejore el tratamiento fiscal de los gastos de las explotaciones inscritas en el registro de titularidad compartida, así como una reducción permanente del tipo de cotización a la Seguridad Social para aquellas personas que tengan la condición de Titularidad Compartida más allá de los cinco años que se marcan en la actualidad.
Del mismo modo, LA UNIÓ insta a que las ayudas a las inversiones en las explotaciones agrarias puedan incrementarse en un porcentaje adicional del 10% para las explotaciones en Titularidad Compartida y que se establezca un importe de ayuda adicional así mismo en la ayuda de primera instalación para las explotaciones en Titularidad Compartida.
Cabe señalar que las mujeres representan más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones agrarias familiares, pero, en la mayor parte de los casos, tan sólo los hombres figuran como titulares de las explotaciones mientras que ellas aparecen como cónyuges en la categoría de “ayuda familiar”. Pese a que la inmensa mayoría de las mujeres agricultoras y ganaderas comparten las tareas agrícolas de las explotaciones familiares con sus parejas, estas actividades son vistas como una extensión de sus tareas domésticas y de cuidados.
Con objeto de paliar esta situación de desigualdad e invisibilizarían del trabajo de las mujeres rurales en el sector agrario y las consecuencias negativas que de ella se derivan, en 2012 entró en vigor la Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Transcurridos ya diez años desde su puesta en funcionamiento, es hora de introducir mejoras a juicio de LA UNIÓ para que haya más mujeres inscritas.
LA UNIÓ propone también que se establezcan incentivos fiscales ambiciosos (fiscalidad diferenciada) en los territorios de la Comunitat Valenciana en riesgo de despoblación, con objeto de inducir a particulares y empresas a permanecer en el territorio o a radicar ex novo su domicilio en los núcleos rurales más desfavorecidos. Estos incentivos deberían alcanzar al ámbito municipal (IAE e IBI), autonómico (ITP y AJ, IS y D y tramo autonómico del IRPF) y estatal (Impuesto de Sociedades y tramo estatal IRPF). Los incentivos fiscales aplicados por los municipios en los impuestos que gestionan se deberían compensar, según LA UNIÓ, por parte de la Administración Autonómica y Estatal.
