LA UNIÓ de Llauradors exige que se dé una solución inmediata a la confusión existente por las quemas agrícolas y reitera que instará a la desobediencia si finalmente se prohíben, porque solo se dispone de lo que queda de mes para deshacerse de los restos de poda en las explotaciones agrarias.
Del mismo modo, la organización profesional agraria reclama a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, que destituya al o los responsables de esta que no alegaron contra la nueva Ley de ámbito estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y que deja en el aire la posibilidad de quemar con dos artículos bien diferentes, en uno la prohíbe y en otro la exime. Por ejemplo, el artículo 3, 2.e), señala que esta Ley no se aplica a la paja y otro material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, utilizado en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la silvicultura o en la producción de energía a base de esta biomasa, mediante procedimientos o métodos que no pongan en peligro la salud humana o dañen el medio ambiente.
“Alguien en Madrid dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha legislado sin conocer la realidad agraria y algunos en València dentro de la Conselleria de Transición Ecológica no han sabido frenar a tiempo este desaguisado y por tanto no han defendido convenientemente los intereses de los agricultores valencianos, por lo que habría que depurar responsabilidades”.
LA UNIÓ considera que no se puede publicar una normativa y prohibir alguna de las actuaciones contempladas de la noche a la mañana. Por ello la organización aboga por establecer un periodo de transición y adaptación de unos cinco años mediante el cual se realice un debate público y participativo para resolver los problemas de las quemas agrícolas en aquellos sitios donde resulta imposible triturar en el campo.
