Esta iniciativa prevé la ocupación de más de 352 hectáreas de suelo para la implantación de casi 339.000 módulos fotovoltaicos y se ubicará en los términos municipales de Vall d’Uixó, Xilxes, y Moncofa. También se contempla la construcción de una nueva subestación eléctrica donde evacuará la planta mediante una línea de media tensión de casi 18 kilómetros de longitud, que atravesará los términos de la Vall d’Uixó, Nules, Borriana, les Alqueries, Vila-real y Betxí.
El Gobierno ha emitido recientemente una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable, aunque reconoce el impacto de esta y le impone 54 condicionantes para permitir el desarrollo del proyecto. Varios departamentos del anterior Consell ya formularon también diversos informes negativos al respecto arguyendo que "afecta a suelos de muy elevada capacidad agrológica" y diversos municipios afectados suspendieron así mismo el otorgamiento de licencias en su día.
Precisamente por ese impacto, LA UNIÓ muestra su oposición ante la grave pérdida de superficie agraria y el daño que se le provoca a unos agricultores que han hecho junto a las Administraciones una importante inversión en sus campos para la modernización de regadíos y que ahora verán como ese esfuerzo queda en entredicho.
LA UNIÓ insiste en que se priorice el autoconsumo energético en vez de grandes plantas fotovoltaicas que destrozan el territorio rural y que ponen en peligro una importante superficie de terrenos agrícolas en plena producción, además de aniquilar la forma de vida de las personas que tienen su proyecto vital en estas zonas.
LA UNIÓ apuesta así de forma firme por potenciar el autoconsumo en los tejados de las zonas urbanas, en los polígonos industriales, en zonas degradadas y en infraestructuras o edificios de propiedad pública en las zonas demandantes de energía para no destruir el territorio rural.
La concentración de instalaciones fotovoltaicas en grandes plantas concentradas en suelo agrícola o forestal es una clara agresión al mundo rural. “Nos quieren imponer grandes proyectos fotovoltaicos sin ningún tipo de racionalidad cuando habría que acercar la producción energética a las grandes áreas urbanas e industriales de consumo, con el objetivo de evitar las pérdidas y el impacto del transporte de la energía a grandes distancias a través de las vías de evacuación que también afectan durante kilómetros a zonas de actividades rurales de interés”, asegura Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ.
La organización se reunirá a lo largo de las próximas semanas con agricultores, Ayuntamientos, partidos políticos y asociaciones afectadas con objeto de consensuar una posición común de rechazo y no descarta tampoco convocar alguna acción de protesta. Peris indica que es necesaria “la máxima unidad social frente a todos estos proyectos especuladores y expoliadores que afectan a los habitantes y al medio de vida de muchas familias”.
El secretario general de LA UNIÓ considera que “en el contexto actual de producción de alimentos que no garantiza la suficiencia alimentaria y donde el IPC de los alimentos está bastante descontrolado, no nos podemos permitir que se pierda más superficie agraria útil cuando además tenemos zonas degradadas en las que se podrían instalar esas plantas fotovoltaicas”.
