CASTELLÓN

Rafael Arce ya alertó en un informe en mayo de 2015 al Consejo de gobierno del Hospital Provincial de la existencia de 120 personas con contrataciones sin autorización

El exgerente del Hospital Provincia, Rafael Arce, inició los trámites de la regularización para la creación de las plazas de estos trabajadores e instó a la consellería de Hacienda en noviembre de 2014 a que se crearan a fin de poder efectuar un proceso selectivo con posterioridad.

ondacero.es

Castellón | 26.08.2016 14:39

informe arce
Onda Cero Castellón ha tenido acceso al informe que Rafael Arce presentó ante todos los miembros del Consejo de Gobierno del Provincial el día que se anunció su cese. | ondacero.es

El exgerente del Hospital Provincial, Rafael Arce, ya alertó en un informe, que presentó en mayo de 2015 a todos los representantes del Consejo de gobierno del centro, de la existencia de 120 personas con contrataciones sin autorización de la Consellería. Rafael Arce fue gerente del centro desde marzo de 2014 hasta el 2 de septiembre de 2015 y ya alertó en mayo de 2015 de la situación en fraude de ley en la que se encontraban más de un centenar de trabajadores del Provincial.

Cree Arce que, en este asunto, "no se ha entrado ni tampoco se ha tratado el fondo de la cuestión" porque el germen del problema, según indica, "radica en el incumplimiento manifiesto del proceso de contratación pública" que se produce entre tres y cuatro años antes de su llegada como gerente y cuyas consecuencias se soportaron tanto por su gerencia como por la actual ostentada por Joaquín Sanchís.

De hecho, Arce inició los trámites de la regularización para la creación de las plazas de estos trabajadores e instó a la consellería de Hacienda en noviembre de 2014 a que se crearan a fin de poder efectuar un proceso selectivo con posterioridad.

Por otro lado, la auditoria de 2015 refleja facturas por 8,8 millones de euros de compras realizadas en el último cuatrimestre del año con el presupuesto ya agotado y sin consignación previa. También los pagos anómalos al personal en diciembre de 2015 los realizaba el actual equipo del provincial y corresponden al abono de 361mil euros como parte de la extra de 2012 de los trabajadores sin existir presupuesto para hacerlo.

En cuanto al cumplimiento de plazos de pago de acuerdo a la Ley de Morosidad, Arce redujo el periodo medio de pago de 331 días a 50. Además, según un certificado del Servicio de Gestión Presupuestaria al que ha tenido acceso Onda Cero Castellón, cuando Arce cesó en el todo lo que se debía eran 547mil euros de mayo, todo junio y julio con un saldo bancario de reserva suficiente para cancelar prácticamente la totalidad del mes de mayo.

En cuanto al seguimiento y control de las contrataciones la auditoria refleja que se carecía de una planificación y no había un adecuado seguimiento de los contratos menores, ni de su correspondiente registro y tramitación. Arce ha insistido en que como gerente tuvo que modificar multitud de procedimientos de trabajo que eran “poco rigurosos”. Entre ellos, la recepción de todas las facturas por parte del servicio contable, que pasaron a recibirse previamente por el registro general del Hospital para su registro numérico y escaneado digital para que no se extraviara ningún documento.

Por otra parte, se creó y puso en marcha -con dos reuniones mensuales- una “Comisión Especial de Seguimiento de las Contrataciones” con el fin de que los servicios prestados realmente se correspondían con los ofertados y adjudicados en el pliego y también para comprobar que los precios de los servicios prestados fueran los presentados en el pliego. Si alguno de los dos aspectos no se cumplía, se paralizaba el pago al proveedor y se le exigía una aclaración verbal y posteriormente la corrección por escrito para su seguimiento mensual.

El exgerente del Hospital Provincial se pone a disposición de la Diputación de Castellón y de la Consellería para aclarar las dudas que pudieran surgir entorno a su gestión en el centro sanitario después de hacerse pública la auditoria de 2015. Dice que estaría dispuesto a acudir a una comisión de investigación si alguna administración la fiera.