La Agencia Valenciana de Protección del Territorio tiene incoados en el término municipal de Elche unos 230 expedientes de infracción urbanística por la construcción de edificaciones en zonas no urbanizables, en áreas rústicas.
Aunque el proceso de resolución de esos expedientes puede llegar a prolongarse tres o cuatro años, teniendo en cuenta desde la presentación y dictamen de alegaciones a posibles procedimientos judiciales, se estima que en torno al 15 o el 20 % de esas infracciones urbanísticas acabarán en una demolición forzosa.
Así lo explica el ilicitano Santiago Gambín, director de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, que tiene sede en Elche, que en esta entrevista en ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’ ha destacado que la DANA que a finales del mes de octubre asoló el sur de la provincia de València ha constatado la importancia de atender los requerimientos urbanísticos fijados para áreas inundables.
La Agencia Valenciana de Protección del Territorio comenzó a operar en marzo de hace dos años y desde entonces ha instruido en torno a 2.300 expedientes.
Elche y València son los dos municipios de la Comunitat Valenciana en los que más expedientes de infracción se han tramitado.
En la actualidad, la Agencia Valenciana de Protección del Territorio asume las competencias en materia de infracción urbanística de 324 municipios de la Comunitat Valenciana, toda vez que sus ayuntamientos han cedido las mismas al organismo.
Además, en sus dos años de funcionamiento de funcionamiento se han dirigido directamente a la Fiscalía en cuarenta ocasiones para denunciar posibles delitos ambientales.
