La Universidad Miguel Hernández de Elche va a formalizar esta semana el recurso contencioso administrativo contra el decreto de implantación del Grado de Medicina en la Universidad de Alicante.
Además, se va a remitir un requerimiento tanto a la Presidencia de la Generalitat como a la Conselleria de Universidades instando la suspensión del periodo de inscripción en el Grado de Medicina en la Universidad de Alicante de cara al curso 2023-2024, que comenzará en septiembre. Así lo confirma en esta entrevista el Rector de la UMH Juan José Ruiz.
A juicio de los servicios jurídicos de la UMH de Elche, en caso de que esa preinscripción no se suspenda, llegándose a la etapa de matriculación, los estudiantes que cursen los estudios del Grado de Medicina podrían verse afectados si finalmente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat tumbase la implantación de la creación del Grado de esa disciplina en la UA como persigue el contencioso administrativo que va a formalizar la universidad de Elche.
Se trata de un contencioso en el que los servicios jurídicos de la UMH de Elche exponen “graves irregularidades administrativas” que, según ha asegurado Juan José Ruiz, Rector de la universidad ilicitana, podrían derivar en “otras responsabilidades”.
Por ejemplo, el contencioso administrativo plantea que la autorización para la creación del Grado de Medicina en la UA se base en un informe fechado en julio de 2022 que está firmado por un cargo político, concretamente el Subdirector General de l’Escola Valenciana d’Estudis de la Salut, y que contraviene varios informes anteriores, que eran desfavorables a la intención del gobierno valenciano, que estaban firmados por el Jefe del Servicios de Acreditación, Autorización y Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Conselleria de Sanidad.
El rechazo técnico a esa implantación estaba basado, entre otras circunstancias en que dos de los tres hospitales en los que se plantea que los estudiantes de Medicina realicen prácticas no reúnen “los requisitos necesarios para ser objeto de concierto con las universidades”, según se plasma en esos informes desfavorables.
El recurso contencioso administrativo también sostiene que la autorización de la implantación de Medicina en la UA se vulnera la legislación nacional vigente y que carece de un informe preceptivo a modo de memoria económica relativa a la viabilidad económica de la creación e implantación de los estudios.
