La Mesa de Trabajo contra la Economía Sumergida creada el pasado año en Elche con la participación en la misma de una treintena de agentes sociales, políticos y económicos, ha impulsado la primera acción de sensibilización que centra sus mensajes principales en los efectos negativos, presentes y futuro, que tiene ese tipo de economía, tanto para los servicios públicos como para la competencia desleal entre empresas.
Carteles en mupis; cuñas radiofónicas; un spot televisivo; y otras inserciones en medios de comunicación formarán parte de una campaña en la que se incide que la economía sumergida afecta negativamente a servicios públicos como la educación y la sanidad.
El concejal de Promoción Económica, Héctor Díez, ha explicado que las acciones de sensibilización tratan de reflejar “las consecuencias de la economía sumergida y las repercusiones que tiene ese fraude social y fiscal y las consecuencias negativas sobre los servicios públicos que los ciudadanos recibimos”.
Además, se ha acordado impulsar un plan de fomento de la cultura emprendedora y responsabilidad fiscal entre los alumnos de 28 centros de Secundaria (3º y 4º de ESO y Bachillerato) y ciclos formativos. El objetivo es divulgar entre los estudiantes de entre 15 y 18 años de la ciudad.
Declaración
Por otro lado, la Mesa de Trabajo Contra la Economía Sumergida ha aprobado una declaración contra ese tipo de economía en la que entre otros acuerdos se encuentra el requerimiento a la Administración central y autonómica de medidas contra la economía sumergida; el compromiso de fomentar el espíritu emprendedor vinculado a la responsabilidad social de la empresa; y la difusión de ejemplos de buenas prácticas.
El alcalde de Elche, Carlos González, ha asegurado que la declaración determina el “firme y contundente rechazo" a la práctica de la economía sumergida por sus "nefastas consecuencias laborales, sociales y económicas, con las repercusiones negativas en el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía”.
González ha incidido en que la economía sumergida significa un "fraude fiscal y social, el deterioro grave de las relaciones laborales y la distorsión de la competencia" y ha querido dejar claro que Elche "no es la cuna" de la economía sumergida "como a veces se intenta poner de manifiesto desde algunos ámbitos".
