La Policía Nacional ha desarticulado una organización, formada en su mayoría por personas de nacionalidad árabe, que se dedicaba presuntamente a la regularización de inmigrantes, solicitantes de un permiso de residencia por arraigo, a cambio de importantes sumas de dinero.
La operación se ha saldado con el arresto de 29 personas (10 en Alicante; 11 en Pamplona; 5 en Zaragoza; 2 en Álava; 1 en Gerona). Ha sido llevada a cabo por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales del Cuerpo Nacional de la Policía de Alicante colaborando en las detenciones las Comisarías de Pamplona, Zaragoza, Álava y Gerona.
Las pesquisas policiales fueron incoadas a raíz de constatarse que un grupo de ciudadanos afincados en la localidad de Monforte del Cid estarían obteniendo la tarjeta de residencia de manera fraudulenta, presentando en la oficina de extranjeros de Alicante un certificado histórico de empadronamiento de dicho municipio, sin existir realmente el domicilio que figuraba en el mismo.
Según ha informado la Policía Nacional este domingo, los agentes determinaron que los certificados de empadronamiento aportados eran originales y que no habían sido alterados, por lo que se solicitó del Ayuntamiento de Monforte del Cid los documentos aportados para el alta, poniéndose de manifiesto que no existía constancia documental alguna, lo que confirmaba la posible existencia de alguna persona que pudiera estar implicada en la introducción de altas fraudulentas en las base de datos de dicha entidad.
Tras realizar los registros de la base de datos del padrón de habitantes, los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía confirmaron que 63 personas habían sido dadas de alta en fechas muy posteriores a las que realmente constaba, así como que todas ellas fueron realizadas utilizando domicilios inexistentes. Además, se constató que esa actividad se inició en el año 2015, por lo que todas las pesquisas se centraron en determinar la persona que estaba encargada del padrón en esa fecha.
La investigación también constató que la persona investigada realizaba presuntamente el certificado a través de intermediarios, llegando a pagar el interesado en un alta con fecha anterior a la real, hasta 3.000 euros.
La Policía Nacional estima que alrededor de una treintena de personas extranjeras podrían haber obtenido el permiso de residencia a través del fraude investigado, llegando a constatarse 56 solicitudes de permisos de residencia con altas fraudulentas.
