La venta por parte de la empresa municipal Pimesa de la parcela sobre la que se asienta un centro sanitario privado en el parque empresarial va a llevar a los juzgados al exalcalde de Elche del PSOE, Alejandro Soler, así como a cuatro de sus concejales del equipo de gobierno, tres socialistas (Federico Buyolo, Alejandro Pérez y Emilio Martínez) y la edil de Compromís, Ángels Candela, que en la legislatura 2007-2011 formaba parte del gobierno local.
Una denuncia presentada por el PP de la Comunitat Valenciana a través de su número 2, Eva Ortiz, que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 1 de Elche, es el motivo por el que, según apunta una información de la Agencia Efe, han sido declarados en calidad de investigados los días 5 y 6 de febrero.
Juntos a esos cargos políticos declararán también dos técnicos del Ayuntamiento de Elche, concretamente Jorge Llopis y Santiago Ule.
Según informa la Agencia Efe, “los hechos se remontan al periodo 2007 y 2008 cuando el ayuntamiento era propietario de un solar”, ubicado en Torrellano, que, a través de la empresa municipal Pimesa, fue vendido “directamente” a una mercantil privada para la construcción de un centro sanitario.
Los querellantes creen que la parcela se pudo vender a un precio por debajo del valor de mercado.
Todos los exconcejales formaban parte del Consejo de Administración de la empresa pública Pimesa, que es el órgano en cuyo seno se decidió la venta de la parcela. De ese órgano formaban parte otros concejales del PP, que no han sido citados a declarar, lo que puede inducir a que se ha podido llamar al juzgado a los que votaron a favor de la venta de la parcela, si bien éste es un extremo que está por confirmar.
Se da la circunstancia de que la empresa a la que se vendió la parcela para la construcción del centro hospitalario está relacionada con la investigación de la supuesta financiación irregular del PSPV-PSOE y Bloc en 2007 y 2008.
Además, dos de las personas citadas son actualmente altos cargos en el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. Es el caso de Alejandro Soler, director general de SEPES, y Federico Buyolo, director de la Oficina de la Alta Comisionada para la Agenda 2030.
El resto de exconcejales que han sido citados a declarar llevan años alejados de la vida política.